Un anteproyecto de ley que busca acabar con el "abuso y chantaje" que comete en contra de los consumidores la Asociación Panameña de Crédito (APC), será analizado hoy en la Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa. Según uno de sus proponentes, el legislador opositor Miguel Bush, la iniciativa busca frenar el abuso que se comete en contra de aquellas personas que son fiadores de préstamos, quienes son colocadas en listas de "mala referencia" sino pagan la deuda que adquirió otro.
El anteproyecto de ley No.42 "por medio de la cual se reglamenta el registro del historial crediticio" será presentado por Bush y su homólogo Héctor Alemán. "Estas personas no tienen por qué ser responsables de la irresponsabilidad de quienes hacen los préstamos y no los pagan", argumentó.
Advirtió que también han podido detectar que la APC se niega a borrar de la lista a los consumidores, a pesar de haber cumplido con sus compromisos. "Hay casos de empresas que han quebrado o cerrado y como no envían la documentación de las personas que ya han cumplido con el pago de la deuda, la APC se niega a eliminarlos y siguen eternamente en la lista", apuntó. Sostuvo que la Asociación Panameña de Crédito se ha convertido en un instrumento de abuso y de exceso en contra de los panameños.
"Queremos regular esto y sancionar de ser posible a la APC para que no se exceda. Con este proyecto se trata de enderezar estas injusticias porque no le interesa resolver el problema del pueblo, sino de los agentes económicos del país", adelantó. Recalcó que el proyecto establece que sea la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), el organismo que sancione y regule todas las empresas de crédito. "El MICI sólo consultó a los agentes económicos y no a la CLICAC, ni tampoco a los consumidores", agregó Bush.
El proyecto es una iniciativa del licenciado Juan Pastor, a través de la Unidad de la Promoción de la Participación Ciudadana, que tiene como objetivo regular la actividad realizada por las entidades y asociaciones encargadas del manejo de la información crediticia. La APC tiene la potestad de establecer cuándo se debe borrar o eliminar cualquier información de la base de datos, o por cuánto tiempo permanecerá una persona en la misma, independientemente de la cancelación de la deuda pendiente.
Sostiene que no pueden existir instituciones o asociaciones que decidan de manera arbitraria y siguiendo directrices internas sobre el crédito del ciudadano panameño, o peor aún, que se limiten a recibir y publicar información sin siquiera poder confirmar la autenticidad de la misma.
