Proyecto busca que el Estado indemnice por destituciones

Un proyecto de ley mediante el cual se pretende garantizar la estabilidad a los servidores públicos y se obliga al Estado al pago de una indemnización en el caso de una destitución injustificada, presentó ante el pleno de la Asamblea Legislativa, Susana Richa de Torrijos, legisladora por el Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Según la propuesta, todos los servidores que posean más de cinco años de laborar en las instituciones del Estado, tanto en el Gobierno Central como en las instituciones descentralizadas y en los municipios, gozarán de estabilidad en sus respectivos puestos de trabajo.
La iniciativa dispone que en caso que haya una destitución sin justificación y no se dé el reintegro debido, la autoridad que ordenó el despido, a petición del servidor público, tendría que pagar una indemnización equivalente a un año de sueldo, más salarios caídos hasta por tres meses.
El pago de esta indemnización sería cancelado en un término no mayor de 15 días, desde la fecha en que se produce el despido.
El mismo proyecto, deja por fuera de estos beneficios a los servidores públicos de elección popular, y su personal inmediatamente adscrito al cargo, así como los directores o funcionarios con mando y jurisdicción nacional, estos últimos siempre y cuando posean menos de seis años de labor en la misma institución.
Los servidores con derecho a estabilidad, sólo podrán ser destituidos con base en las causales establecidas en las leyes de carreras públicas y según los procedimientos previos y las garantías de impugnación que los mismos establezcan.
Los funcionarios que gozarían de estabilidad podrían ingresar al sistema de méritos establecidos en las leyes que desarrollen las diferentes carreras públicas y para ellos será aplicable la ley de manera suplementaria.
La proponente del proyecto manifestó que con esta norma se quiere acabar con la idea de algunos gobernantes que consideran los puestos en la administración del Estado como un bien particular del partido ganador de las elecciones presidenciales, o como un medio de brindar empleo a su clientela política.