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El ministro de Salud, Javier Díaz, presentará esta semana ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que fija una pensión vitalicia para los afectados por el dietilenglicol.
La propuesta viene a satisfacer las exigencias de las víctimas de los jarabes contaminados con el tóxico entregados en la Caja de Seguro Social, quienes se opusieron a una propuesta presentada el año pasado, la cual establecía una pensión mínima de 235 dólares y la firma de un finiquito de reclamos legales al Estado.
El nuevo documento consensuado y que fue aprobado en el Consejo de Gabinete del 12 de marzo dispone que la pensión básica será de 600 dólares, además, se les dará seguimiento a aquellos pacientes cuya salud no se ha deteriorado por su exposición al tóxico hasta por un término de cinco años.
Adicionalmente, se elimina el requisito de rubricar una nota en la que se abandone la pretensión de demandar al Estado.
El proyecto modifica la Ley 13 de 2010, que constituye una instancia para el seguimiento de los derechos de las víctimas de la intoxicación masiva, ocurrida en 2006.
El proceso legal por este caso todavía se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, luego de que en diciembre de 2010 el fiscal especial Dimas Guevara remitiera el expediente en el que se involucra a 27 personas.
