El Sistema Único de Marcación de Emergencia (SUME - 911) deberá atender, dirigir y supervisar las acciones para la atención integral y oportuna de las emergencias bajo esquemas de calidad y dominio de nuevas tecnologías de información y comunicación.
Según el proyecto, las autoridades de policía, los hospitales públicos y privados, servicios de vigilancia, bomberos, SINAPROC, Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, entre otras entidades tendrán el deber de colaborar con el sistema.
El documento establece que los concesionarios de los servicios de telecomunicación básica local, de terminales públicos y semipúblicos, así como los de telefonía móvil celular, de comunicaciones personales (PCS), de sistema troncales estarán obligados de manera gratuita a cursar llamadas que originen sus clientes y usuarios al 911.
Las llamadas efectuadas no causarán cargo alguno para el usuario, pero se fijarán tarifas por servicios prestados a entidades gubernamentales.
No obstante, la Procuradora consideró que dentro de la PTJ existen funcionarios honestos con deseos de trabajar, pero que algunos elementos han perjudicado su labor.
Planteó que el crimen organizado ha penetrado algunos estamentos de seguridad y que la situación surgida dentro de la PTJ es una muestra de ello, pero que hay que luchar contra este flagelo.
A su juicio esta situación lo que demuestra que no se puede demorar más una actuación efectiva para lograr la depuración.
Además consideró necesario el aumento de los controles de fiscalización, vigilancia y supervisión para mucho más estrictos evitar hechos similares en el futuro.
El presidente Martín Torrijos manifestó que los últimos acontecimientos en la PTJ denota que hay un problema muy serio en la institución, que debe ser enfrentado.
Es algo preocupante que en vez de servirle a la ciudadanía, le esté sirviendo a la delincuencia, afirmó.
