La era del papel y los archivos en el sistema de justicia panameño serán temas del pasado, si la Asamblea Nacional aprueba el proyecto de ley que busca modernizar y automatizar el sistema de administración y tramitación de los expedientes, el cual fue presentado por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Graciela Dixon.
El incendio del Tribunal Marítimo, en el cual se perdieron más de 2 mil expedientes, la falta de espacio por la acumulación de documentos y el peligro para la salud que estos representen, según informó Dixon, fueron algunas de las razones para proponer la elaboración de un sistema automatizado de expedientes.
Indicó que la crítica constante por parte de la sociedad al sistema actual de administración de justicia, también fue otro de los elementos que motivó la iniciativa de los magistrados de la Corte Suprema a implementar un nuevo sistema acorde con la situación del país.
"La realidad en los tribunales por sobre carga laboral, se debe principalmente al aumento de la litigiosidad y no así en el número de jueces para contrarrestar esteaumento. Además, en la actualidad por cada 10 casos que se resuelven, ingresan 12 nuevos al sistema, y se suman también a estos problemas, la falta de espacio físico para almacenar y custodiar los expedientes ya fallados", indicó.
Durante la discusión quien llamó la atención a los transportistas fue el diputado suplente de Luis Barría, al señalar que si el sistema de transporte no cambia los usuarios podrían vandalizar los autobuses, como medida de desesperación y protesta.
Barría recalcó que con este proyecto no se solucionará el problema que reina en el transporte panameño, porque casi todo lo que plantea ya son normas que existen.
Quienes están muy contentos con el proyecto actual son los transportistas, entre ellos Leonel Broce, al mencionar que no esperan ningún cambio en el mismo.
"Esperamos que el proyecto se apruebe como está de los contrario tomaremos medidas", agregó.
El proyecto establece medidas relacionadas con la actividad de ayudantes, colaborades, asistentes inmediatos, y auxiliares del conductor y crea un cuerpo de inspectores que fiscalizará a los conductores de vehículos dedicados a los servicios de transporte público y de carga, los conductores de vehículos particulares, a los usuarios del transporte público y a los peatones en general.
