Los pequeños empresarios se quejan de que los representantes les piden dinero para aprobarles cualquier negocio, mientras que los concejales sostienen que el presupuesto que se les asigna no alcanza para satisfacer las necesidades de la comunidad.
Ante esta situación, la Contraloría de la República le solicitó a todas las juntas comunales del país que suspendieran el cobro de las denominadas "donaciones" para otorgar los permisos para la instalación de un comercio, la práctica persiste.
El contralor Dani Kuzniecky indicó que luego de la denuncia de los medios de comunicación social sobre esta práctica, elevó una consulta ante la Procuraduría de la Administración para determinar la legalidad de este cobro. La respuesta fue categórica: "las juntas comunales no están facultadas por la ley para establecer impuestos, contribuciones, derechos ni tasas".
Según Kuzniecky, después del pronunciamiento de la Procuraduría le solicitó a todas las juntas comunales del país que suspendieran de inmediato cualquier cobro que estuvieran realizando, por considerarlo ilegal. Sin embargo, la práctica se mantiene.
La Procuraduría de la Administración afirmó que "si bien es cierto las juntas comunales pueden recibir donaciones, herencias y legados de personas naturales y jurídicas, las mismas deben reglamentarse de acuerdo a lo que señala la Ley 56 de 1995 para adjudicación de bienes".
El Artículo 103 de esta ley señala que toda adquisición de bienes debe ser comunicada para efectos de registro al Ministerio de Economía y a la Contraloría a los cinco días contados a partir del perfeccionamiento del contrato o del documento que formaliza la herencia, el legado o la donación correspondiente.
Sin embargo, el Panamá América conoció que a pesar de las denuncias acerca de esta práctica, la Contraloría no ha efectuado todavía auditorías a las juntas comunales para determinar cuánto reciben, cuál es el manejo y qué se hace con estos bienes. El representante del corregimiento de Río Abajo, Javier Ortega, sostiene que se debe denunciar a los ediles "corruptos y coimeros".
"Insto a los empresarios a que se atrevan a denunciar a los representantes que están en estas prácticas.. a ver si se atreven. Que vayan a los tribunales y lo hagan de la manera correcta, de lo contrario, sólo están haciendo bochinche de esta situación", dijo.
El edil considera que no se debe eliminar la figura de las donaciones, pues se limitan las obras que llevan a cabo las juntas comunales.
Reconoció que la Contraloría de la República no ha efectuado auditorías sobre los bienes que se reciben en esta materia.
Según Ortega, no se puede generalizar, pues así como hay malos representantes, también existen buenos. A pesar de la preocupación de los pequeños empresarios, la AMPYME no tiene un registro de los comerciantes que han sido víctima de las "donaciones".
El director de la AMPYME, José Gabriel Montenegro, aseguró que con las donaciones representan una especie de obstáculo para los empresarios y propicia la informalidad en la expedición de permisos.
