El proyecto de ley que pretende regular el ejercicio del periodismo en Panamá no será discutido en el período legislativo que concluye el próximo 30 de junio, informó ayer el presidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Arosemena, durante una reunión con gerentes y dueños de medios de comunicación social.
Arosemena dijo que queda un mes y dos semanas para concluir con el actual período de sesiones ordinarias y en los próximos días están por entrar en la agenda del pleno de la Asamblea diversos proyectos de ley, como el que autoriza el uso del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD) y el que establece el Sistema Penitenciario, además hay otros que tienen prioridad, lo que dificulta que exista tiempo para dedicarle a esta propuesta.
No obstante, indicó que cualquier decisión que se tome sobre este proyecto será producto de la consulta con todos los sectores interesados en la materia.
Invitó a los representantes de los medios a que asistan a las sesiones de la Comisión de Transporte, en la cual se discute el proyecto de ley en primer debate para que expresen sus opiniones.
Francisco Arias, presidente de la Editora Panamá América (EPASA), expresó que este proyecto resulta inconveniente por diversos aspectos, razón por la cual opinó que no debe ser aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa.
Mencionó además que a pesar de que no existe una ley que regule la profesión, la mayoría de los medios de comunicación están contratando egresados o estudiantes de las universidades y facultades de Comunicación Social.
Arias dijo que en el caso de EPASA casi un cien por ciento de los que trabajan en las redacciones son egresados de las universidades o estudiantes en proceso de tesis o sus últimos años de estudio.
En tanto, Juan Luis Correa, gerente del diario La Prensa, cuestionó la creación del Consejo Técnico de Periodismo, ya que se vuelve al pasado en que correspondía a las autoridades de Gobierno determinar si una persona puede ser o no periodista.
Correa dijo que lo establecido en el texto del proyecto viola la Declaración de Chapultepec, así como diversos convenios, tratados internacionales y leyes nacionales sobre los derechos humanos y la libertad de expresión.
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