Al menos dos proyectos de ley, dirigidos a mejorar la condición de los detenidos en las cárceles del país, se mantienen archivados en la Asamblea Nacional sin mayor avance en su discusión.
A pesar de la grave situación en los centros de reclusión en el país, en los que hay más de 11 mil detenidos, ninguna de las dos propuestas ha sido discutida.
Una de ellas, es el proyecto de ley 29 que establece incentivos fiscales para aquellas empresas e industrias que se dediquen a actividades productivas dentro y fuera de los recintos carcelarios que contraten a privados de libertad.
Con esta iniciativa, los privados de libertad podrían acceder voluntariamente a aceptar las plazas de trabajo para las cuales clasifican, y no estarán obligados a trabajar por lo que luego de iniciar la relación laboral puede desistir de la solicitud de empleo retornando al recinto penitenciario.
Los que se acojan al plan gozarán de un trabajo con salario mínimo legal y serán afiliados al régimen de seguridad social.
El otro proyecto que ni siquiera ha sido discutido y que se encuentra en la Comisión de Gobierno es el que dicta las normas para la celeridad de los procesos penales y la promoción de la dignidad de los procesados.
