Pugnas entre la actual Junta Local, el Ministerio de Vivienda y la directiva de la Barriada Generación 2000, en Arraiján, han traído como consecuencia que aún no se legalice la tenencia de los lotes, pese a que la gran mayoría de los moradores tienen más de 10 años de vivir en el área.
Incluso, algunos de ellos temen que los terrenos, que ya fueron medidos, sean divididos en dos para beneficiar a otras personas por razones políticas, según manifestaron a este medio.
La actual dirigencia, que data de hace unos 15 años, sostiene que cuando en aquel tiempo se les autorizó a residir allí, se conformó una junta directiva con el propósito de poner en práctica lo que denominan autogestión, es decir, con el aporte de cada morador se desarrollaría el área.
Esa directiva se denomina Asociación de Tenedores de Lotes de las Areas Revertidas de Arraiján, que agrupa a unas 16 barriadas, entre ellas la Generación 2000.
Se realizaron actividades, se recaudó una cuota de 50 balboas y se inició el relleno de terrenos, la instalación de tuberías para agua potable, la apertura de carretera, los trámites necesarios para lotificar y legalizar cada lote, y con ello, la instalación de la electricidad.
Con los años, se midieron los terrenos y a cada cual le correspondió entre 600 y mil metros, cada uno con calle de acceso, sin veredas. La parcelación se hizo de 600 metros con miras a la construcción de tanques sépticos para las residencias.
Según miembros de la junta directiva, entre ellos, la secretaria de prensa y propaganda de la Barriada Generación 2000 y a la vez, secretaria de Organización de la Asociación de Tenedores de Lotes de las Areas Revertidas, Yorgiana de Aguilera, con las cuotas recaudadas y el producto de las actividades, se contrataron los servicios de un agrimensor para que midiera y confeccionara el plano de la barriada.
Esto se hizo a un costo de más de 16 mil balboas (40 balboas por lote) que aún no terminan de pagar, y cuyo contrato fue firmado por esa junta directiva.
Hoy, según los moradores, el Ministerio de Vivienda quiere dividir los lotes de aquellos a quienes les correspondió mil metros, cuando ya estos moradores han invertido, mediante esfuerzo propio, miles de balboas en mejoras, tales como la nivelación de la tierra, reforestación, instalación de agua potable y energía eléctrica, además de carretera.
Además, éstos habitaban en el lugar antes de 1984 y ya tenían casas de cemento en el centro de sus terrenos. Por tanto, al hacer la lotificación, hubo que dejarles los mil metros, que además corresponden a terrenos muy quebrados.
Por otro lado, de acuerdo con los entrevistados, la encargada del MIVI en Arraiján, Yolanda de Medina, afirma que esa institución atenderá el problema a través de la Junta Local y no con la directiva de los moradores.
Sin embargo, esa junta fue elegida recientemente, de forma irregular, según la directiva de residentes, y ahora se pretende que los 40 balboas que faltan por pagar por parte de muchas familias para cancelar al agrimensor, sean cobrados por esa Junta Local, cuando el contrato para confeccionar el plano fue firmado por la directiva de moradores. Si no se paga como debe ser, esa directiva sería legalmente responsable.
Asimismo, esta agrupación afirma que tanto la Junta Local como el MIVI se están manejando políticamente para beneficiar a unos pocos, que ahora quieren residir allí sin pagar ni un centavo, cuando ya todo está "masticado para tragar". "No fueron ellos los que entraron aquí matando culebras y arañas. Fuimos nosotros los que organizamos la barriada", señalaron algunos entrevistados.
Se informó que cuando se comenzó a organizar la barriada cada cual pagó 50 balboas para empezar los trabajos de nivelación, medición de terrenos y apertura de calles. Hay unos 340 lotes, si bien, su estatus no ha sido legalizado por el MIVI, toda vez que aunque ya el plano, desde 1997, tiene las firmas del antiguo INTEL, IRHE, INRENARE, el MOP, Salud, Banco Hipotecario y de la Ventanilla Unica del MIVI, este ministerio no lo ha devuelto con su respectiva aprobación.
Esto se debe, según los entrevistados, a que hay personas que han vendido la mitad de su lote y ahora esa mitad vendida no tiene salida hacia la calle. Quienes están en esa situación quieren que se cambie el plano para que se les haga veredas, cuando esto no estaba contemplado en plano original, que sí incluye áreas verdes (algunas hoy invadidas), espacio para campo deportivo, entre otros requisitos exigidos por la ley.
El gobierno anterior les valorizó sus lotes en dos balboas el metro, lo que debe ser cobrado por el Banco Hipotecario, que aún no empieza a cobrar porque el MIVI no legaliza la tenencia de los lotes, a lo cual tienen derecho, según el Artículo 42 de la Ley 5 de la Autoridad de la Región Interoceánica, que indica que la primera opción de compra les corresponde a quienes estaban en el lugar hasta 1992.
Los miembros de la directiva entrevistados y algunos moradores se quejan de que el MIVI ha empezado una persecución contra ellos, al punto que si salen de la casa para el trabajo, deben dejar a alguien allí, porque de lo contrario, se les toma fotografías a las viviendas para probar que no están habitadas y proceder al desalojo del propietario.
Cabe señalar que esta agrupación no tiene personería jurídica, porque, según afirman sus dirigentes, no han querido otorgársela, pero aseguran que es una organización natural que cuenta con estatutos y reglamentos a los cuales se ciñen.
Se quejan de que en el MIVI los tratan como delincuentes, vendedores de lotes, ladrones y corruptos, cuando fueron ellos los que hicieron la barriada de la cual hoy quieren aprovecharse esos funcionarios, con el apoyo de la Junta Local, por razones netamente políticas. Desmintieron a quienes afirman que ellos son vendedores de lotes, pues corresponde al Banco Hipotecario cobrar por el costo de los lotes y no a esa directiva.
Manifestaron que no están en desacuerdo con la Junta Local, sino que les solicitan a sus miembros que actúen como debe ser y no respondiendo a compromisos políticos partidistas.
Piden a la mandataria Mireya Moscoso que los atienda para que escuche su versión de esta problemática y que no se deje llevar por lo que le informan funcionarios que, a su juicio, la hacen quedar mal ante esos mismos pobres que ella desea ayudar.
FUNCIONARIO DEL MIVI RESPONDE A DIRECTIVA DE LA 2000
El director de Desarrollo Social del Ministerio de Vivienda, Elizandro Hernández, informó que, efectivamente, el plano del que habla la directiva de la barriada Generación 2000, está en el Ministerio para su aprobación.
Fue aceptado temporalmente por la Dirección de Urbanismo. Sin embargo, ahora corresponde a esa entidad verificar cuáles son las áreas que han sido invadidas y que estaban como áreas verdes en el plano original, pues éste no coincide con lo que se observa hoy en el terreno.
Según la directiva de moradores, estas invasiones se han dado con el consentimiento del MIVI, mientras que de acuerdo con Hernández, éstas han sido con el beneplácito de la directiva citada.
Por otra parte, asegura Hernández que durante visita realizada hace dos meses al área, encontró anomalías, tales como que miembros de la directiva tienen terrenos más grandes de lo permitido por la ley del Ministerio de Vivienda.
Además, según el funcionario, hay directivos que viven en dos inmuebles y, por tanto, no deben tener un lote en esa área.
En consecuencia, el MIVI tomará cartas en el asunto, aseguró. Asimismo, señaló que los directivos de la barriada Generación 2000 enredan a otros con sus argumentos, hablando lo que no es.
El director de Desarrollo Social del MIVI informó que se han encontrado casas vacías y no negó la toma de fotografías.
Denunció, no obstante, que directivos como el señor Constantino Jiménez (también entrevistado por
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