Como la "punta de un iceberg" definió José Vicente Pachard, director del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, las más de 100 muertes por envenenamiento con dielilenglicol hasta el momento oficializadas.
Pachar dijo en una entrevista al diario The New York Times, de Estados Unidos, que el número de víctimas seguramente será mayor debido a que en áreas remotas del país era poco improbable que reportaran los casos al Gobierno.
"Nunca sabremos la extensión completa", aportó.
Por el momento, las autoridades han señalado que se exhumaron 52 cuerpos, y que 27 de ellos han resultado positivos en dietilenglicol.
No obstante, Pachar expresó que no se han exhumado más cuerpos por que los exámenes son costosos y agregó: "El presupuesto del instituto es de cerca de $3 millones para todo el año. El Gobierno gasta casi $4 millones en el Carnaval".
EL jefe de Medicina Legal, cuyo reporte está siendo usado por los fiscales en los casos penales que ellos han presentado contra 16 panameños involucrados en el manejo y distribución del sirope tóxico, sostuvo que era imposible identificar todas las posibles víctimas.
"Personas en el interior del país, que viven lejos de los sectores modernos de Panamá, tienden a pensar de la muerte como el deseo de Dios", afirmó. "Ellos tienden a no reportar las muertes que pudiéramos considerar sospechosas".
Además, precisó que su investigación está completa en un 95 por ciento.
En la misma nota de The New York Times, Elida de González, de la Oficina para Apoyo a las Víctimas, dijo que habían confirmado un número de víctimas diferente a las señaladas por Pachar, porque estudiaron el caso independientemente.
González especuló que el conteo de su organización fue más alto porque la gente estaba más deseosa de reportar los casos a su grupo, que sí ofreció ayuda.
Gabriel Pascual, otro de los líderes de las víctimas, criticó, en el diario estadounidense, al Gobierno por determinar algunos casos como no confirmados de intoxicación, sin especificar las razones.
El señor Pascual citó siete ejemplos de personas que según él tienen documentos emitidos por médicos que certifican que tomaron el veneno, aunque los investigadores gubernamentales concluyeron que no fueron afectados o muestra evidencias no concluyentes.
"En 128 casos, el Gobierno dijo no disponer de suficiente información para alcanzar una conclusión definitiva", agregó.
El señor Pascual también criticó el lento ritmo con que se realizaron las exhumaciones.
La Oficina para Apoyo a las Víctimas reportó 184 casos hasta ahora, incluyendo 123 muertes. También se presentaron 700 reclamos en representación de posibles víctimas del envenenamiento.
