Una queja por presunta violación de los derechos humanos en contra de la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de Salud y la empresa Cryogas de Centroamérica, interpuso ante la Defensoría del Pueblo el presidente del Centro de Atención Legal Comunitaria, Aneldo Arosemena.
La queja de Arosemena se basa en que la citada empresa está suministrando oxígeno para uso médico a las dos instituciones mencionadas sin contar con el registro sanitario como lo establece la Ley 1 del 10 de enero del 2002.
Solicitó a la Defensoría del Pueblo que a través de la Dirección de Orientación y Protección de los Derechos Humanos se apliquen los correctivos necesarios y se sancione moralmente a los responsables de acuerdo con lo que dispone la Ley 7 del 5 de febrero de 1997.
Arosemena alertó que tiene información que en algunos hospitales se está suministrando oxígeno industrial, haciéndolo pasar por oxígeno médico, por tanto es importante que la Defensoría del Pueblo investigue lo concerniente a esta queja.
Emplazó públicamente a la Dirección de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud para que dé a conocer el resultado de una denuncia que se presentó en el mes de mayo ante ese despacho, para alertar a las autoridades sobre el posible uso del oxígeno industrial.
En la presentación del documento el denunciante además de pedir a la Defensoría que realice una investigación, también solicita al director del Ministerio de Salud que se informe del estado actual de la denuncia presentada por el abogado Ariel Corbetti.
Para Aguilar, el proyecto tal como ha quedado consta de muchas virtudes que llenan las expectativas de la población.
Por su parte Víctor Jordán, coordinador de la Comisión Científica de la Universidad, coincidió con Aguilar en que lo aprobado en segundo debate es mucho más beneficioso que las propuestas presentadas con anticipación, por lo que lo catalogó como "positivo".
Para Jordán es muy importante que por vez primera se crea un consejo de administración con potestad administrativa y financiera, lo que representa que el parque sería administrado con cierta autonomía. De esta forma parte la ANAM.
Dijo además que con esta legislación se incluye a los municipios veragüenses que tienen que ver con Coiba en la administración de la isla, y se les beneficiaría económicamente, esto entre otras ventajas para la región.
Benedicto Santos, representante suplente de Soná y miembro del Centro de Gestión Local para el Desarrollo (CEGEL) en este distrito, se pronunció a favor de que el proyecto sea aprobado tal como está, ya que las organizaciones del área opinan que es lo mejor.
Insistió en que sería conveniente que se le solicitara a la Presidenta el llamado a sesiones extraordinarias.
No obstante, según el director de ANAM en Veraguas, Bernardo Brea, "por lo menos una vez por semana funcionarios de vigilancia, localizan y registran barcos pesqueros ejerciendo su actividad dentro de las aguas del Coiba".
Indicó que la cantidad de hallazgos varía, sin embargo, se han hecho muy frecuentes, por lo que se hacen los ajustes necesarios para establecer una vigilancia más efectiva.
Brea aseguró que los barcos encontrados durante la presente semana constituyen una prueba contundente de esta situación que es afrontada por los funcionarios que laboran en el área.
Mencionó que en este caso se presume que los mismos tenían poco tiempo de estar en el área, ya que al momento de ser abordados fueron revisados y no tenían en sus neveras ninguna especie cuya pesca esté prohibida, a parte de que en horas de la mañana de ese día se hizo un patrullaje de rutina y no se les encontró.
Brea explicó que según el procedimiento establecido, ellos están en la obligación de abordar estas naves, revisarlas, tomar los datos de las mismas para enviar un reporte a la Autoridad Marítima para que proceda con las sanciones correspondientes.
