La Defensoría del Pueblo viene recibiendo quejas por supuestas violación al derecho a la educación de varios jóvenes, lo que aleja a Panamá de los principios de la Convención de los Derechos del Niño.
Los casos presentados registran situaciones recurrentes de prohibición de matrícula por falta de pago de las cuotas de las asociaciones de padres de familia, por no portar el uniforme completo, por no poder cancelar las insignias de los uniformes, y estar "por encima de la edad curricular", entre otras.
Uno de los casos se refiere a la negativa de los directivos del Primer Ciclo Louis Martinz e IPT Ángel Rubio de aceptar a cuatro estudiantes que fueron sacados de las calles por Casa Esperanza.
