La Procuradora General de la Nación tiene en sus manos la decisión de admitir o negar una serie de querellas interpuestas en contra del Ministro de Salud, Camilo Alleyne, y del director de la Caja de Seguro Social (CSS), René Luciani, por su presunta responsabilidad en las muertes de panameños que ingirieron medicamentos envenenados.
El fiscal cuarto superior Dimas Guevara no se encargó él del asunto, sino que remitió las querellas interpuestas al despacho de Gómez.
Rigoberto González, secretario de la Procuraduría, reveló que en corto tiempo se podría estar resolviendo la admisibilidad o rechazo de las querellas.
Recordó González que, para tomar una decisión, hay que estudiar cada uno de los tomos del expediente, en los que se investiga la responsabilidad en las muertes de personas envenenadas.
La Procuraduría analizará las formalidades que exige la querella penal, para establecer si se encuentra la posible comisión de un delito. Algunos familiares de las víctimas han solicitado la separación de Alleyne y de Luciani.
La investigación por el incendio del autobús apenas está en su fase preliminar, y ya muchos familiares se cansaron de pedir justicia en las calles.
El propietario de bus 06, Ariel ortega Justavino está preso en El Renacer, mientras que su hermano Próspero Ortega está recluido en La Joyita.
Al propietario se le asignó una nueva fianza de B/.150 mil, mientras que al coductor y al mecánico se les fijó en B/.75 mil.
