La libertad de expresión en Panamá está en entredicho. 25 periodistas mantienen procesos penales activos y otros siete ya han sido condenados a cumplir penas de prisión tras ser querellados, en muchos de los casos, por funcionarios o particulares presuntamente vinculados con actos de corrupción.
Las querellas por calumnia e injuria no lo son todo contra los periodistas, ya que aún se mantienen en diversas legislaciones algunas normas consideradas como "obstáculos" para la libertad de expresión en Panamá.
La Defensora del Pueblo, Mónica Pérez, dijo que el recién aprobado Código Penal, mantiene disposiciones que se convierten en "cortapisas" para la libertad de expresión y de prensa en Panamá.
Durante un receso, Juan G. Sosa, vicepresidente de Celloprint S. A., señaló que como afectados tienen el derecho de proteger la industria y la mano de obra panameña, por al menos 30 días.
En tanto, José Antonio de La Puente, abogado de la empresa peruana EMUSA, dijo que la salvaguardia solicitada es "inconsistente", ya que la empresa solo cuenta con el 16% de la producción local, y no con el 25% exigido.
De La Puente explicó que los números presentados por Celloprint han sido calculados sobre el valor de los precios, los cuales son altos, y no sobre el volumen de venta.
Sosa respondió que la empresa cuenta con el 30% de la producción nacional, es decir, 5% más de lo requerido por la OMC para tal solicitud.
Angela Huzgame, de Acoplásticos, aseguró que la salvaguardia beneficiará a un monopolio.
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