Rafael Guardia, exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), fue trasladad este miércoles ante la Fiscalía Anticorrupción para ser indagado acerca de los bienes que le fueron incautados mientras duren las investigaciones por supuesto enriquecimiento injustificado, sin embargo, no rindió declaración a indagatoria.
A esa decisión llegó tras acogerse al artículo número 25 de la Constitución panameña: nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía, contra sí mismo, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Guardia se encuentra detenido desde la semana pasada en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón.
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