La Coalición de Sindicatos del Canal de Panamá continuará apoyando al Frente por la Defensa de la Seguridad Social (FRENADESSO) al estimar que la sanción de las reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social están afectando a los empleados de la institución.
Gustavo Ayarza, en nombre de la Coalición de trabajadores de la vía interoceánica, aseguró que el presidente de la República, Martín Torrijos está midiendo fuerzas, al mismo tiempo le pidió que reflexione y mire a los que están acá afuera, quienes no son ni uno y dos trabajadores, son todos los panameños que están afectados.
Ayarza explicó que aunque los trabajadores del Canal no pueden participar en la huelga convocada por el movimiento popular, están anuentes a continuar la lucha, ya que se están viendo afectados con el incremento de la edad, número de cuotas y los porcentajes de pago.
Los empleados van a pagar aún más de la cantidad de dinero que pagan en la actualidad, quienes en este momento están aportando una gran cantidad de dinero por el número de años de cuotas, manifestó el dirigente sindical.
Por ejemplo, citó: "nos llevó cinco años elaborar un proyecto acorde a la realidad ambiental del país".
Olmos indicó que revisando la Ley 41 la cual creó la ANAM se percató de que el Ministerio Público tenía la responsabilidad de perseguir los delitos contra la naturaleza; sin embargo, en la práctica no se había habilitado una fiscalía que se encargara de estos casos.
Por iniciativa propia y avalada por el entonces Procurador José Antonio Sosa, en 1998 a la Fiscalía Quinta del Primer Circuito Judicial de Panamá, de Robos y Hurtos de Autos se le anexó la responsabilidad en delitos contra el ambiente. Posteriormente se habilitaron la Fiscalía 11 y 12 para atender delitos relacionados con el ambiente.
El artículo 394 que plantea los delitos contra los recursos naturales fue uno de los puntos más álgidos durante la discusión de la ley, recordó Olmos. Esta norma establece que "quien infringiendo las normas de protección del ambiente establecidas destruya, inutilice, extraiga, contamine o degrade los recursos naturales, causando efectos adversos, directos o indirectos, irreversibles, será sancionado con prisión de dos a cuatro años y de 50 a 150 días de multa".
Otra y no menos importante es el aspecto sobre delitos contra la normativa urbanística, que castiga con penas de dos a cuatro años de prisión a quienes construyan poniendo en riesgo el ambiente y la población. Sanción que cae como anillo al dedo en el caso ocurrido en la barriada Prados del Este, afectada por las inundaciones de octubre del año pasado.
La nueva legislación plantea delitos contra la vida silvestre, y se agrava si la acción se da en áreas protegidas. Además, quien incendie masas vegetales será sancionado con uno a tres años de prisión con 50 a 150 días de multa.
Despaigne, expresa que lo ideal sería que la ANAM sea la entidad responsable que realice los estudios de impacto ambiental y por qué no, que vayan hasta licitación pública. Pero, la entidad insiste en que no hay recursos, y que lo mejor sería aprender a proteger el medio ambiente.
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