Rebaja de penas es una invitación a delinquir

COMO una invitación a cometer delito, para que todo el mundo trate de enriquecerse con los bienes públicos, calificó el ex contralor Rubén Darío Carles, la sanción que será aplicada por enriquecimiento injustificado.
"El presidente, si quiere luchar contra la corrupción, debe objetar el Código Penal", fue el mensaje que dio al mandatario Martín Torrijos.
Para Carles es un error lo que se va aplicar como sanción en el código, respecto al enriquecimiento ilícito, ya que es pequeña, incluso la considera como si fueran unas "cortas vacaciones".
"Es necesario que se objete", dijo reiterando sobre este tema en que se aplicará a uno de los delitos tipificados contra la administración pública y que pueden agravar los actos de corrupción.
Otra de las voces para que haya una objeción parcial del proyecto es Enrique De Obarrio, quien piensa que hubo "política" de por medio, al momento de la aprobación del proyecto del texto penal en la Asamblea Nacional.
De Obarrio explicó que el problema comenzó cuando llegó a la Asamblea. Allí se trastocaron muchas de las cosas ya expuestas en el proyecto elaborado por la Comisión Codificadora, dijo.
Pidió la objeción en los artículos que vulneran y constituyen un atraso en la lucha contra la corrupción en los delitos contra la administración pública, que no son coherentes con la posición personal del propio presidente de la República, que estampó en la campaña.
"Hay artículos que nos ponen en un atraso en materia de libertad de expresión", advirtió.
El empresario recomendó a Torrijos hacerse eco del clamor nacional, liderado por la Iglesia Católica.
Recordó que la Alianza Ciudadana Pro Justicia hizo muchas recomendaciones y señalamientos, pero los diputados hicieron caso omiso a lo planteado por la directora de esa organización, Magaly Castillo.
También manifestó cómo los medios advirtieron de los errores que se estaban cometiendo, a los que tampoco se les hizo caso.
Al respecto, Mercedes Araúz de Grimaldo, presidenta del Colegio Nacional de Abogados, dijo que si la tendencia en el Código Penal iba hacia el aumento de penas, se debía aplicar para todas las conductas delictivas.
Además expresó que el aumento de penas se debe aplicar también para los delitos de calumnia e injuria.
Con respecto a la objeción, comentó que ésto ya es una potestad del Presidente.
La Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, también pidió el 9 de marzo de 2007 al presidente Martín Torrijos objetar parcialmente el proyecto de Ley del Código Penal.
Se han hecho observaciones contrarias a las aprobadas por la Asamblea Nacional, en delitos contra la administración pública, la propiedad intelectual, la salud pública, el honor, la violencia doméstica y la sustitución de la pena principal.