El Bloque Popular Universitario (BPU) rechaza el acuerdo firmado entre el rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, y el procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, en torno a las amenazas para ingresar al campus central en caso de disturbios y actos de violencia.
Jorge González, directivo del PBU, reiteró que el movimiento estudiantil se "deslinda" de esta decisión, porque a su juicio el procurador Sossa no está facultado para hacer acuerdos y que esa misma ley que le impide firmar este tipo de trato, también le prohíbe invadir los predios de la Universidad sin el permiso del rector.
González señaló que la buena intención de este acuerdo lejos de resolver la situación, lo que ha venido es a agudizar el problema, ya que el acuerdo lo que hace es "legitimar" las amenazas del procurador.
El dirigente estudiantil expresó su preocupación porque deja a la interpretación de las autoridades universitarias y de la Procuraduría General de la Nación cuando las protestas se enmarcan dentro del "civismo".
En consecuencia el movimiento estudiantil está en capacidad de decidir en qué momento utiliza el método de cierres de calles, según las exigencias y las circunstancias de la lucha.
El estudiantado universitario no reconoce este acuerdo que es una forma de chantaje y que coloca una "espada de Damocles" en contra de la Universidad mediante un acuerdo en el que se plantea que si hay protestas en las calles, entonces el procurador invade los predios universitarios.
González dijo que el movimiento universitario no fue consultado para firmar este acuerdo y por esa razón desconocen la validez del mismo.
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