El director de la Policía Nacional, Carlos Bares, expresó su desacuerdo con el archivo de las sumarias por el tráfico de 3,000 fusiles AK-47 dentro de la embarcación Otterloo que fueron entregadas a las Autodefensas Unidas de Colombia y consideró que los extranjeros implicados deben ser expulsados del país.
Consideró que los extranjeros investigados por el tráfico de las armas pusieron en peligro la soberanía del país al involucrar a sus autoridades en actividades ilícitas, mediante la falsificación de documentos.
Según Barés, en la investigación y en el informe elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA) quedó demostrado que las autoridades panameñas no tuvieron ninguna participación en el tráfico de las armas.
Dijo que respeta la decisión de la Corte, pero que se debió seguir la investigación judicial para determinar la participación exacta de los investigados en las transacciones que llevaron las armas hasta Colombia.
Entre tanto, el magistrado Adán Arnulfo Arjona en su salvamento de voto, dentro del amparo de garantías constitucionales que permitió el archivo de la investigación, estimó que mediante la aceptación del recurso se evitó la continuación de la investigación.
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