Como una persecución contra el movimiento sindical fue calificada la reforma que se le pretende hacer a la Ley de Transparencia. La propuesta busca obligar a los sindicatos y organizaciones no gubernamentes a hacer público el manejo de los fondos otorgados por el Estado.
Rafael Chavarría, de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP), expresó que esta modificación no tiene sentido, pues las organizaciones presentan cada tres meses un informe del uso del dinero al Ministerio de Trabajo.
Chavarría advirtió que con esta medida lo que busca el Gobierno es que la clase trabajadora tome medidas como huelgas y que el presidente Ricardo Martinelli muestra su interés en acabar con los sindicatos.
De acuerdo con Chavarría, hacer públicos los fondos que se les entregan a los sindicatos viola el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece que ningún gobierno puede intervenir en las acciones internas de los sindicatos.
Por su parte, Genaro López, secretario de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, dijo que esta reforma busca confundir a la población y hacer ver que no hay rendición de cuentas.
En tanto, Carlos Gaznell, de Transparencia Internacional, cuestionó el hecho de que el Gobierno exija que se publique el manejo de fondos públicos por parte de las asociaciones cada tres meses, cuando el Gobierno demora en actualizar el uso de los fondos que se le asignan a cada institución.
La modificación a la Ley 6 del 2002, que aprobó este martes el Consejo de Gabinete, busca que las organizaciones no gubernamentales, gremios y sindicatos publiquen en el portal de la Defensoría del Pueblo el uso de los recursos que se les entregan por parte del Gobierno y los municipios.