Lideres religiosos de la Primera Iglesia Bautista de La Chorrera rechazaron ante las autoridades municipales la realización el próximo fin de semana de los "Carnavalitos" a menos de 50 metros del templo, pues perjudica la celebración del culto.
El diácono Jorge Leyra manifestó que aunque se oponen a la actividad en los predios del Parque Libertador y sugirieron su trasladado a un punto más distante, la Alcaldía de La Chorrera no ha querido atender sus razones y por el contrario los ha conminado a cambiar el horario de la celebración religiosa.
Dijo además que por la cercanía del evento, la feligresía enfrentará problemas para llegar al tiempo, tal como aconteció el pasado fin de semana.
La mayor parte de los permisos para esta actividad ya han sido concedidos aunque se conoció que ante la queja de la Iglesia Bautista el representante de Barrio Balboa, Leonardo Hernández, podría negar el permiso.
Sostiene que esta actividad lejos de beneficiar a la Iglesia, la perjudica, pues en los carnavalitos del pasado año los asistentes realizaron sus necesidades fisiológicas en los terrenos del templo.
Ese año, dijo Leyra, los delincuentes aprovecharon el alto volumen de la música y sustrajeron varios artículos de las oficinas y causaron otros destrozos.
También está que el presunto agresor o agresora desaloje la casa que comparte con la víctima y rescatar o socorrer inmediatamente a la presunta víctima del hecho de violencia.
A juicio de Leoteau, en las corregidurías son bastantes flexibles, pues pretenden arreglar el conflicto con una boleta, las que no son efectivas en áreas alejadas o de difícil acceso. A su juicio, en estos casos se debe ser más estricto.
Según el estudio de Muñoz, Vergara y Foster, las víctimas en su mayorías tienen de 25 a 35 años. Agregan que el Estado invierte altas sumas en atender el maltrato, pues una cama en el Hospital Santo Tomás tiene un costo de 130 dólares por día, monto que no incluye exámenes, atención médica y medicinas.
"A pesar de lo que se ha avanzado en la materia, estudios e informes revelan que hay muchas creencias arraigadas que impiden romper el círculo de la violencia", indican Muñoz, Vergara y Foster.
Consideran que las personas actúan según lo que saben y en estos casos no actuarán si no se ve la situación como un problema, si no se conocen la leyes al respecto.
En 1995 entró en vigencia el Código de la Familia y ese mismo año se aprueba la Ley 27 de 16 de junio de 1995 que define la violencia intrafamiliar e impulsa la creación de centros de atención a las víctimas y las sanciones del caso.
En el Centro de Recepción de Denuncias de la Policía Técnica Judicial se puso en marcha el departamento de Asistencia a Víctimas, donde las víctimas de violencia doméstica son sometidas a exámenes psicológicos y físicos.
Las autoridades judiciales reciben las denuncias de mujeres que se acercan al Ministerio de la Juventud, la Mujer y la Familia, como las de organizaciones y centros que atienden estos casos.
Según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, en Panamá existe una "seria" discriminación y violencia contra la mujer.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
