Como gasto superfluo y contrario a la política de contención de gasto fue calificada la compra de 1,500 certificados de regalos que prepara la Autoridad Martíma de Panamá (AMP) para sus funcionarios.
El abogado Rubén Elías Rodríguez dijo que esta, es una medida "irresponsable" de parte de la institución cuando se supone que el gobierno anunció recorte de gastos y un nivel elevado del déficit. "No hay razón para regalar el dinero, para eso está el décimo tercer mes, para equiparar a los funcionarios" y agregó “rechazamos con toda energía ese tipo de medidas, de decisiones y de contrataciones que desdicen mucho de una institución que se debe manejar con seriedad" exclamó el abogado.
En tanto, el economista Juan Jované cuestionó que cuando un gobierno anuncia contención del gasto, debe demostrar que está en contención del gasto. Y sobre la modalidd de la contratación que es una Licitación Abreviada que procura la rapidez de la compra en un plazo menor de 40 días a lo establecido para una licitación regular, Jované explicó que esta clase de contratos debe reservarse para necesidades, por ejemplo la adquisición de medicamentos.
La presentación y apertura de propuestas para esta compra se realizará mañana en la sede de la Autoridad Marítima, apenas seis días después de publicado el acto en Panamá Compra y tiene un precio de referencia de 300 mil dólares para obtener 1,500 certificados de regalos por un monto de 200 dólares cada uno.
En el sitio web Panamá Compra consta la justificación que dio la AMP para utilizar la modalidad de Licitación Abreviada (LA). Según este documento, el reglamento interno de la institución establece beneficios e incentivos para sus funcionarios y describe que la modalidad de Licitación Pública (LP) puede tomar hasta dos meses y medio para cumplir el proceso de compra.
A inicio del gobierno de Juan Carlos Varela se cuestionó el posible conflicto de interés entre Jorge Barakat Pitty, administrador de la Autoridad de Marítima y su hermana Jindriska Barakat Pitty nombrada como subdirectora de la Dirección General de Contrataciones Públicas, entidad encargada de los procesos de compras estatales.
