Un informe del Departamento de Estado norteamericano colocó a Panamá junto a otras cinco naciones de América Latina en la escala 2 a nivel mundial de países que no colaboran satisfactoriamente contra el tráfico y trata de personas.
Esto generó un descontento en la Cancillería panameña, pues el pasado mes de mayo se aprobó como política de Estado una serie de medidas para prevenir y sancionar el delito de trata y explotación sexual.
Por tal razón, el Gobierno considera que algunas de las conclusiones del informe no son congruentes con la información que las autoridades nacionales manejan en cuanto a la magnitud de este delito en el país.
Cuestiona directamente la aseveración de que en Panamá "los niños y niñas son comercializados internamente para su explotación sexual", pues sólo se conoce de seis casos en una década.
La vicecanciller Nivia Castrellón señaló que solicitarán una explicación formal a Estados Unidos sobre la base usada para realizar la ubicación de escalas y la información que sirvió para las conclusiones del informe.
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