La Red Nacional de Apoyo a la Niñez y a la Adolescencia, integrada por la Comisión de Justicia y Paz, la Alianza Ciudadana Pro Justicia, entre otras organizaciones, expresó ayer su rechazo a las reformas a la Ley 40 sobre responsabilidad penal para menores, promovidas por el legislador Marcos González.
Las reformas propuestas incluyen la reducción de la edad penal y el incremento de las penas a menores de edad.
De acuerdo con Maribel Jaén, coordinadora de Justicia y Paz, frente a la postura de poner mano dura y de proponer el aumento de penas como solución a la delincuencia juvenil, las organizaciones de derechos humanos, "expresamos nuestro desacuerdo con tales medidas, porque está demostrado que las cárceles no rehabilitan a nadie".
Jaén advirtió que las modificaciones al proyecto en la dirección en que se plantea, harían retroceder la actual normativa, colocando al Estado panameño como violador a los derechos de la niñez.
Señaló que la experiencia viene demostrando que la simple represión carcelaria no ataca las causas de la criminalidad y lo que hace es desplazar la delincuencia, adaptarla a las nuevas situaciones y crear condiciones para que la misma se acentúe entre los estratos más pobres y excluidos.
Sostuvo que la Ley 40 de 1999 del Régimen de Responsabilidad Penal del Adolescente, no se ha implementado, ya que a tres años de su aprobación y entrada en vigencia, más de la mitad de las instancias e instituciones contempladas en ella, no existen, ni tampoco se ha ejecutado el presupuesto aprobado para su funcionamiento.
Jaén manifestó que todas las disposiciones del proyecto de ley que modifica la Ley 40, van dirigidas a aumentar la población de menores privados de libertad, aumento que no podrá ser enfrentado por el Estado debido a la situación económica que vive el país.
En lugar de las reformas, la Red Nacional propuso dar la oportunidad efectiva a la Ley 40 de ser implementada en su totalidad, de manera que se pueda evaluar en un periodo razonable sus efectos y la necesidad o no de reformarla.
Solicitaron además desarrollar políticas preventivas que permitan la promoción y la protección de los derechos de los menores para su desarrollo integral.
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