La postulación de Graciela Dixon, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Penal Internacional sigue generando el más amplio repudio de varias agrupaciones.
El Centro de Investigación de los Derechos Humanos y Socorro Jurídico de Panamá pidió a los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Parte, abstenerse de prestar su apoyo a Dixon.
Otilia de Koster, coordinadora de la agrupación, precisó que Panamá es signataria de instrumentos internacionales de Derechos Humanos que protegen a las víctimas de este tipo de crímenes, por lo que la postulación de Dixon trunca el derecho a la justicia contra crímenes que menoscaban la dignidad humana.
Hasta el momento, Brasil y Uruguay han expresado que apoyarán la elección de la magistrada panameña a petición del gobierno de Martín Torrijos.