Los afectados por la Ley 25 de 1990 no deben atender el llamado del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), debido a que no se quiere reconocer el monto real del dinero que se les adeuda por sus despidos, indicó el representante de las víctimas de esa norma Rubén Guevara.
En declaraciones emitidas por la emisora RPC Radio, el dirigente insistió que a ellos se les debe pagar 60 millones y no 21.9 como lo aseguran las autoridades gubernamentales que, en su opinión, sólo quieren reconocer los salarios caídos, dejando a un lado lo que se les adeuda en vacaciones, seguro social, entre otros aspectos.
Además manifestó que el gobierno quiere dejar este asunto, en manos de su sucesor, al señalar que el pago se contemplará entre los años 2009 y 2010.
El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Edwin Salamín, convocó a las víctimas de esa norma para verificar el finiquito de esas indemnizaciones.
Esta situación fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que falló a favor de los despedidos, solicitando a las autoridades a pagar todo el dinero adeudado.
Los afectados fueron despedidos por el ex-presidente de la República, Guillermo Endara, aduciendo que en ese momento atentarían contra el Estado.
