Para el mes de octubre se prevé que los despedidos por la Ley 25 de 1990, comiencen a recibir sus indemnizaciones, luego de haber firmado un finiquito en las oficinas del Ministerio de Tarabjo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) el pasado fin de semana.
Luego de recoger las firmas, se enviará esa documentación al representante de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Aristides Royo, para que a su vez la presente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que evitará que el país sea sancionado por el incumplimiento de ese pago, estimado en unos 21 millones de dólares.
Los pagos serán entregados en cuatro partes, 6,5 millones de dólares en el 2008 y cinco millones en cada año, desde el 2009 al 2011.
Algunas de las personas que firmaron el finiquito expresaron, a través de la televisora Telemetro, su satisfacción manifestando que con este pago se les hará justicia, luego de 18 años de incertidumbre.
Unas 270 personas fueron despedidas bajo esa ley por supuestamente ser considerados como peligrosos para la seguridad del Estado en aquel tiempo, por lo que, luego de interponer la denuncia ante el CIDH se fallo a su favor, comprometiendo al gobierno panameño a pagar el dinero que se les adeuda durante estos años.
