Las solicitudes de compra de armas, botas, cascos, armas, sillas, lentes y hasta la reparación de embarcaciones patrulleras de la Policía Nacional tienen algo en común: todas han sido suspendidas.
En menos de dos años que lleva Gustavo Pérez al frente de la dirección de la Policía Nacional, varios han sido los reclamos interpuestos por empresas que se sienten afectadas por supuestas irregularidades que se cometen en los actos públicos.
Solo para la adquisición de los bienes y servicios antes señalados se destinaron millones de dólares.
La compra de 8,153 armas marca Glock, por un monto de 8 millones de dólares, que había sido denunciada por presunto sobreprecio, fue paralizada por el Ejecutivo tras justificar que se “frenó” para “obtener un mejor precio” con la empresa fabricante.
La misma suerte corrió la adquisición de botas tácticas y de selva por más de medio millón de dólares, ya que un consorcio denunció ante la Dirección de Contrataciones Públicas que había advertido a la entidad policial que la empresa favorecida no contaba con equipos originales y que las mismas “carecían de medidas de seguridad”.
También se denunció sobreprecio en la compra de 280 sillas de estilo italiano para la cafetería de la Academia policial, que serían adquiridas en 86 dólares cada una, pero son vendidas en el mercado local en 49 dólares.
La semana pasada también se paralizó la adquisición de 200 cascos balísticos para uso de la Unidad Táctica Antidrogas, por 83, 120 dólares, luego de que la empresa Radicom, S.A. emitiera una acción de reclamo advirtiendo el presunto favoritismo hacia un consorcio en especial.
Por el momento, la entidad policial no ha dado a conocer su versión sobre las razones de tantos reclamos. El pasado 26 de mayo, Contrataciones Públicas ordenó al Ministerio de Seguridad a hacer una nueva evaluación de las compañías participantes en la licitación para reparar embarcaciones patrulleras por 768,607 dólares.
Esto se debió a que una de ellas sustentó en su reclamo que tenía pruebas de que se otorgó el contrato a un consorcio “no idóneo” para el trabajo.
Flexibilización.
Sin embargo, las suspensiones por reclamos podrían no paralizar más compras de la Policía Nacional, debido a que el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, a través de una resolución, otorgó facultades a Pérez para decidir la participación de la Contraloría General de la República en los actos de selección de contratistas hasta por un cuarto de millón de dólares.
La acción se justificó para “agilizar los trámites de contrataciones” en esta entidad, con el fin de adquirir bienes, obras y servicios.
