Las precarias condiciones sanitarias e higiénicas en los centros penitenciarios, unidas a la deficiente atención médica y la ausencia de medicamentos, son algunos de los problemas prioritarios que merecen pronta atención de las autoridades, revela el último informe especial de la Defensoría del Pueblo, relativo al derecho a la salud en los penales.
El documento cobra vigencia con la decisión del ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, de colocar en un segundo plano el tema sanitario en las cárceles y dar prioridad a aspectos como la seguridad tras las constantes evasiones.
Según el informe, las violaciones a los derechos humanos de los enfermos con VIH-SIDA se aprecian notoriamente en el ambiente carcelario, en el que se observan graves carencias en el tratamiento de la enfermedad.
Un caso dramático de esta situación, señala el documento, se reporta en el pabellón 2 de La Joya que mantiene alta humedad, presencia permanente de aguas servidas y hacinamiento de personas con tuberculosis, SIDA y homosexuales.
Por ello, Javier Justiniani, de la Fundación Apoyo al Detenido, insiste en que “si bien es cierto hay una reclamación de la ciudadanía por el tema de las evasiones, a nivel penitenciario hay necesidades prioritarias que merecen atención inmediata”.
“Hay cárceles que no reúnen las condiciones de seguridad porque cualquiera puede fugarse, pero también los reclusos pueden morir por estar mal alimentado o sufrir alguna enfermedad”, reforzó Justiniani.
El informe destaca que el Sistema Penitenciario a nivel nacional cuenta solamente con 11 médicos generales, una ginecóloga y un siquiatra para una población de más de 11 mil personas.
Por lo anterior, la Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio de Salud cumplir con su responsabilidad de atención a los privados de libertad.
