Panamá debe estudiar la posibilidad de revisar la legislación vigente, en particular la penal, de manera que se amplíe el concepto de servidor público para efectos penales a aquellos particulares que prestan función pública o administran fondos públicos, bajo cualquier título o modalidad.
Lo anterior forma parte de las recomendaciones que hizo el comité de expertos del mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, que se reunió en Washington del 3 al 8 de diciembre pasado.
En esa actividad Panamá estuvo representada por la secretaria del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, Alma Montenegro de Fletcher, quien sustentó los avances que ha logrado el país en la tipificación de delitos previstos en la Convención.
