Voces de diversos sectores de la sociedad civil apuestan porque las leyes que abordan la protección al menor sean realmente aplicadas.
Esto, ante las consultas que lleva a cabo la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional (AN) sobre el proyecto de ley N.°61, que aborda la educación sexual, en las que surgió el comentario de un participante de sancionar a quienes son responsables de los embarazos en menores.
Pero la pena ya está contemplada en el Código Penal, título III, artículo 176 que reza que "quien, valiéndose de una condición de ventaja, logre acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18, aunque medie consentimiento, será sancionado con prisión de dos a cuatro años", por ende, sugieren una vigilancia para su cumplimiento.
Para la exdiputada Teresita Yániz de Arias, el gran problema en el país es precisamente que se aprueban leyes, pero no se ejecutan.
Yániz consideró que hay una serie de diputados que se han dedicado en los últimos años a modificar leyes que protegen a los menores, en lugar de preocuparse por su cumplimiento.
