Panamá debe desarrollar mucho más la nueva tecnología para el análisis sismográfico digital, de forma tal que llegue a tener estaciones sísmicas de banda ancha dentro de su territorio y que sean controladas desde un centro, recomendó el jefe de Area de la Red Sísmica Española, Emilio Carreño Herrero.
"Hay que hacer esa inversión", manifestó Carreño al calificar de avance bastante importante la existencia en el país de una normativa para instrumentación con acelógrafos digitales en edificios.
Sostuvo que la tecnología digital para registrar las ondas sísmicas ha servido para "abaratar" los costos en España, pues con la transmisión de satélites el suministro de datos es más económico que por teléfono. También permite registrar movimientos telúricos pequeños que antes no se detectaban.
Carreño Herrero fue ponente en un seminario-taller sobre la materia efectuado recientemente en la Universidad de Panamá, y al que asistieron una veintena de sismólogos e ingenieros de Centroamérica y Sudamérica.
El encuentro estuvo centrado en el análisis de datos sísmicos digitales, con prácticas donde los alumnos tomaron terremotos reales observados en España, en aceleración, sacando espectros de respuesta y observando qué le sucedería a determinados edificios si tuvieran un fenómeno telúrico parecido.
Según Carreño Herrero, España pese a que no tiene una sismicidad muy importante en el contexto mundial, sí dispone de una "red digital de banda ancha" que es actualmente la más moderna que existe en Europa con transmisión de los datos vía satélite.
Consideró que aunque la inversión para instalar esta instrumentación digital es alta, los beneficios lo valen, aunque siempre se piensa en ellos luego que ocurre la catástrofe.
"Con una red de banda ancha digital se puede sensibilizar todo un territorio y determinar el epicentro de terremotos de magnitud 1 en cinco o seis minutos, medición que también puede abarcar el área marina", aseguró Carreño Herrero.
Agregó que los terremotos no se pueden predecir, pero sí prevenir sus secuelas de destrucción, de allí la importancia de los registros de sismos pequeños o repetidos, ya que en las zonas afectadas se pueden establecer normas como no construir edificios muy altos o evitar la concentración de viviendas para la población.
Castrejón dijo que acuden a las comunidades para conocer los nombres de las personas que hacen estas conexiones a quienes califica de inescrupulosas porque cobran por hacer estos trabajos que no son garantizados y ponen en riesgo la vida de terceros.
Castrejón no justifica estas conexiones ilegales porque si ya existe el tendido eléctrico, en uno o dos días de haber realizado la solicitud, se les puede instalar el servicio.
Según el Ente si los asentamientos se encuentran a una distancia menor de los 100 metros, es obligación de la empresa darle el servicio, de no ser así la ésta podría ser multada.
Las telarañas no sólo perjudican a las empresas o usuarios ilegales; afectan mayormente a quienes viven en esos sectores y tienen sus contratos legales. En estos casos, explica Castrejón, se producen daños como fluctuaciones de voltaje, daños en los electrodomésticos y situaciones anómalas. Si para los usuarios los daños además del orden material se traducen en pérdidas económicas, entonces al final de la ruta quién paga esas pérdidas.
A esta pregunta el director del Ente explicó que hay pérdidas aceptables y no aceptables. Las pérdidas aceptables son las técnicas, que andan por el 10 por ciento. Se consideran pérdidas técnicas aquéllas que no se pueden evitar. Por ejemplo todos los artefactos eléctricos convierten la energía en luz o en otra forma, pero en esa transformación se da una pérdida. También en los alambres del tendido eléctrico que se calientan y esa energía no es recuperable, explicó Rodríguez.
Sobre las pérdidas no aceptables son aquéllas que superan el 10 por ciento y que se producen por robo de energía de los usuarios y las empresas deben absorberlas.
Rodríguez manifestó que por esta situación las empresas presentan sus quejas para que al momento de estructurar sus tarifas se les amplíe el porcentaje de pérdidas oficialmente aceptadas, porque de lo contrario deberán asimilarlas en sus presupuestos.
"Esa es la razón principal para que ellos la presenten al Ente"; de lo contrario los clientes pagarían las pérdidas por robo y las empresas estarían exentas de buscar mecanismos para evitar los robos.
