La Sala Tercera Contencioso Administrativo remitió a la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la resolución que equipara a Manzanillo International Terminal (MIT) los mismos beneficios que los otorgados a Panama Ports Company para que emita una opinión.
Según una fuente de la Procuraduría de la Administración, el expediente con la demanda de inconstitucionalidad fue remitido ayer a esa institución para que exprese su concepto y luego lo devuelva a la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con la fuente, la procuradora Montenegro de Fletcher tiene un término de 60 días para responder y enviar nuevamente el expediente a la máxima corporación de justicia para esclarecer el fondo de la demanda.
También se informó que hasta ayer la Sala Tercera de la Corte no había admitido aún la demanda de nulidad presentada por los legisladores de oposición contra la resolución emitida por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) que permitió la equiparación del contrato a Panama Ports y eliminó la anualidad fija y variable que la empresa debía pagar al Estado.
En el recurso, que se encuentra en el despacho del magistrado Winston Spadafora, sólo se resolvió la negativa de la suspensión provisional solicitada por los demandantes, pero aún la demanda no ha sido remitida a la Procuraduría para que se emita una opinión sobre el tema.
Además, se informó que ambas demandas no pueden ser acumuladas debido a que se trata de recursos diferentes, que atacan de diversa forma las facilidades otorgadas por el gobierno a las empresas Panama Ports Company y MIT.
Ambas empresas solicitaron una equiparación en el pago de sus rentas anuales fijas y variables, bajo el argumento de que a otras compañías les habían dado facilidades para el pago de la concesión dada por el Estado, que a ellas les habían sido negadas.
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