El secretario Anticorrupción, Fernando Núñez Fábrega, denunció que dentro del Ministerio de Obras Públicas (MOP), operaba una “red” que asignaba contratos para reparación y rehabilitación de carreteras, que no eran concluidas, lo que impedía que el Estado cobrara las fianzas de cumplimiento.
Prueba de ello, dijo Fábrega, ocurrió con el contrato asignado para la rehabilitación del camino a Puerto Lara, en la provincia de Darién, que fue asignado al Consorcio Vialidad, formado por las empresas Construcciones Civiles Generales, S.A., e Interventorías y Estudios Técnicos, S.A.
Según Núñez Fábrega, en el caso de esta carretera, el ex director nacional de Inspección del MOP, Adriano Ferrer, sabía que la empresa no cumpliría con la fecha de vencimiento del contrato, ya que sus subalternos le habían notificado del atraso de los trabajos, pero “no hizo nada para reclamar la fianza de cumplimiento que ascendía a B/ 1.2 millones”.
De acuerdo con el funcionario anticorrupción, la intención era llamar a una nueva licitación pública para culminar los trabajos, situación que ocasionaría una lesión patrimonial al Estado.
Dijo que existen otros contratos donde se dejaron vencer las fianzas de cumplimiento, y se pudo ocasionar una lesión patrimonial total de B/ 5.8 millones.
En tanto, el ex titular del MOP, Benjamín Colamarco, desmintió lo dicho por Núñez Fábrega y exhortó a que se realice la investigación correspondiente, ya que todo se hizo conforme a las normas de la administración pública.
