El director del Registro Público, Luis Barría Moscoso, podría estar vinculado a una red que se dedica a recaudar fondos entre los empleados de la institución con miras a financiar su campaña política de 2014, de acuerdo a acusaciones de funcionarios de la misma institución y documentos financieros.
Un grupo de funcionarios nombrados en la administración de Barría fue llamado en marzo de 2010 para depositar mensualmente hasta el 10% de sus salarios a la cuenta de una asociación que tiene nexos con el director del Registro Público, familiares, parientes, amigos y funcionarios de la propia institución, denunciaron empleados de la entidad.
Se trata de la Asociación pro Desarrollo de la Comunidad Rural (Aprodec), la cual fue integrada y presidida por Barría hasta el 2004, pero luego siguió coordinada por sus familiares, entre ellos su esposa Mari Chin y su cuñado Willi Chin, y otros allegados políticos, según documentos del Registro Público.
Incluso, algunos de los integrantes actuales de la asociación son también directivos en la Fundación Luis Barría, creada el 5 de junio de 2009, unas semanas antes de que Barría tomara el cargo de director del Registro Público.
Resistirse a la “invitación” de aportar parte de sus salarios tendría sus consecuencias, por lo que casi nadie se opuso en el principio. “Todos querían cuidar su trabajo”, dijo uno de los testigos que habló con Panamá América.
Desde barrenderos hasta secretarias, funcionarios de mandos medios y altos, aportaron dinero a la cuenta de Aprodec, revelaron documentos obtenidos por este medio.
Funcionarios de la institución afirmaron que la iniciativa fue presentada por primera vez en una reunión de allegados políticos de Barría en el corregimiento de Las Cumbres, tras la derrota electoral que sufrió el candidato en las pasadas elecciones de 2009.
Detallaron que la primera reunión se hizo en un lote de la familia Carvajal, en La Cabima. Todos los funcionarios del Registro Público nombrados en la actual administración supuestamente fueron obligados a participar de la reunión, ya que se advirtió que el que no asistía sería despedido el lunes siguiente a la cita.
El objetivo era recaudar fondos para continuar con el trabajo político de Barría de cara a las elecciones de 2014.
La propuesta de aportar parte del salario fue promovida por el círculo cercano de Barría: Loreto Rivera, asesor del despacho del director del Registro Público; David Guardia, un ex asesor de la institución; Nitzia Rangel, actual subdirectora administrativa del Registro Público; y Mitzi Tello, la jefa de Recursos Humanos, denunciaron funcionarios de la institución. Varios de estos funcionarios ocuparon puestos directivos en Aprodec recientemente.
Testigos aseveraron que en la reunión de marzo de 2010 intervino el propio Barría para respaldar la propuesta y les reiteró a los funcionarios que sus nombramientos se debían a él.
En principio, se les informó que el aporte se haría por descuento directo, pero después se cambió a aportes por ventanilla en una cuenta que la asociación tiene en la Caja de Ahorros.
Personal del Registro Público también señaló que en la primera reunión hubo un grupo que se opuso a la propuesta, por lo que en ese momento no se tomó una decisión en firme.
Los opositores fueron llamados al despacho superior días después para ser advertidos de las consecuencias. Algunos fueron trasladados a Colón, otros mostraron documentos de su destitución, y también hay quienes esperan lo mismo una vez se les venza el fuero maternal.
La segunda reunión para concretar la operación fue realizada en el Hotel Oasis de Chilibre. Para ese entonces, la propuesta de dar parte del salario también estaba acompañada de la obligación de que cada funcionario nombrado por Barría debía inscribir 25 personas al Partido Panameñista, afirmaron las fuentes.
Los testigos también entregaron a Panamá América varios recibos de la Caja de Ahorros que demuestran que un grupo de funcionarios del Registro Público aportó parte de sus dineros a Aprodec.
Entre estos funcionarios se encuentran Calixto Barrios, mensajero de Archivos Nacionales; Toribio Domínguez, asistente del jefe de seguridad; Yahaira González, jefa de coordinación de bancos; Cristina Rodríguez, ex agente de compras; Germán Arcia, de Archivos Nacionales; Loris Damaris González, asistente de maestra en COIF del Registro Público; Lusinio Rodríguez, de mantenimiento; Norma de Lawler; y Leonardo Castillo.
Panamá Américaconfirmó que estos nombres aparecen en la lista de funcionarios de la institución.
Barría negó ayer tener relación con el supuesto cobro de cuotas a funcionarios de la institución para fines políticos o personales.
“Me llama la atención que estas denuncias se den en estos momentos, cuando obviamente hay una cierta inestabilidad por asuntos políticos en el país, y que quieran vincularme a mí a un asunto en el que yo no tengo ninguna competencia”, señaló Barría.
El director aceptó que años atrás participó de Aprodec, pero dijo que en estos momentos no tiene ninguna participación.
El funcionario señaló que “cada quien es libre de depositar y dar aportes a quien quiera”. Sin embargo, dijo estar dispuesto a abrir una investigación sobre el cobro de estas cuotas a funcionarios del Registro Público.
“Con mucho gusto abriremos las investigaciones correspondientes para deslindar las responsabilidades. Pero quisiera que vayamos con calma, permítanme investigar y yo contribuyo a ver qué es lo que está pasando”, comentó el director del Registro Público.
