Recién se ha iniciado formalmente el debate en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y ya existen un sinnúmero de posiciones en torno a la propuesta gubernamental de utilizar la totalidad del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD) para el pago de una significativa porción de nuestra deuda externa, representada en los ahora famosos "Bonos Brady". Como miembro del Partido Arnulfista e integrante de la susodicha Comisión de Hacienda, considero imperativo dar a conocer mi posición sobre el Proyecto de Ley en cuestión, iniciando con unas reflexiones generales sobre el tema del Fondo Fiduciario.
En primer lugar, es indudable que la enorme carga de la deuda externa es un problema que el Estado panameño debe afrontar. No podemos seguir utilizando la política del avestruz, ignorando el problema, mientras la deuda sigue creciendo año tras año. Tenemos a mi entender tres alternativas: pagar hasta el último centavo de su valor nominal, pagar la mayor parte posible de ella a descuento comprando bonos y títulos de la deuda o, declararnos en moratoria y no pagar (que a veces parece ser la propuesta de gremios como la SUNTRACS). Honestamente, considero que la segunda alternativa es la más lógica y viable. Durante el Gobierno del presidente Endara, públicamente señalé estar de acuerdo con la compra a descuento de bonos de la deuda externa panameña. Pese a que critiqué muchas cosas de la administración de Pérez Balladares, las transacciones que se hicieron en este sentido me parecieron apropiadas. Y es que no podemos dejar de mencionar que durante el gobierno del PRD, en dos ocasiones distintas se compraron Bonos Brady, pero en montos inferiores a los que hoy propone el gobierno de Mireya Moscoso.
Claro que suena mejor no pagar. No estaría mal que planteáramos paralelamente la exigencia de una condonación parcial de la deuda, cosa que debimos hacer años atrás. Por lo menos siempre he pensado que uno de los más graves errores de la administración de Endara fue no haber exigido una condonación significativa de nuestra deuda, tras veintitantos años de una dictadura militar corrupta y despilfarradora (nunca nos olvidemos de eso), sanciones económicas y una invasión que causaron estragos en nuestra economía. Pero también hay que entender el sinnúmero de problemas o que se enfrentó dicho gobierno a inicios de la década de los noventa.
Por otro lado, creo que, hasta los que critican la propuesta de estrategia financiera hecha por el Gobierno, concuerdan con uno de sus planteamientos básicos mantener los dineros del Fondo Fiduciario a un rendimiento de poco más del cinco por ciento anual no es la alternativa más ventajosa para el país. De mantenerse el status quo, el país se estaría descapitalizando, manteniendo supuestos ahorros a un interés menor que el interés que estamos pagando por nuestra deuda.
Tengamos bien claro que, contrario a lo que algunos señalan, el Fondo Fiduciario no es un ahorro, extendiendo como tal el dinero que uno guarda luego de pagar sus obligaciones, sino que es el producto de la venta de activos del Estado panameño, activos que, en el caso del INTEL y el IRHE, estaban generando ingresos. Y muchos de estos activos, tenían deudas que no fueron asumidas por el concesionario, sino que es el Gobierno quien sigue pagando a sus acreedores. En tal sentido, sería interesante saber cuánto se adeuda todavía de lo que se invirtió en estas empresas públicas y comprarla con el precio que obtuvimos con sus respectivas ventas.
Al momento de hacer su propuesta, el Gobierno fue claro en señalar que se contemplaron tres alternativas: mejorar la rentabilidad del Fondo, invertirlo directamente en obras sociales o utilizarlo para pagar deuda a descuento. Se consideró que el tercer escenario era el mejor para el país. Puede que ésta no sea la propuesta que logre el consenso. Puede que sea alguna de las cifras dos o una combinación. Pero lo importante es que haya una discusión responsable y seria sobre el particular, sin politiquería y sin tener como norte darle una "derrota política" al Gobierno.
Para la administración Moscoso, quizá sería más fácil hacer lo mismo que la administración Pérez Balladares y financiar los déficit presupuestarios con más emisión de deudas, pero a un interés cada vez más alto, mientras se proseguía con las llamadas "reformas estructurales" que tanto adoran los organismos de crédito y los calificadores internacionales. Pero eso no sería lo responsable ni lo consecuente.
Por nuestra parte, hemos dicho en repetidas ocasiones que estamos abiertos al diálogo y dispuestos a lograr consensos. Algunos plantean la necesidad de establecer un compromiso de no más endeudamiento, lo cual parece razonable, pero que habría que definir la mejor manera de hacerlo, para que no sea un compromiso solamente del actual Gobierno, sino de éste y los futuros gobiernos. Por lo menos, tenemos la oportunidad de debatir y ponernos o no de acuerdo, cosa que no tuvimos durante la pasada Administración, pues su mayoría dócil en la Asamblea aprobó cuanta privatización y medida antipopular propuso el Ejecutivo de entonces a su consideración. Por lo menos, amigos de la oposición, dennos ese crédito.
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