Otorgar inmunidad por un período de cinco años después de concluido el mandato de los mandatarios, eliminar el control previo de la Contraloría, descartar un vicepresidente de la nación y un suplente de los legisladores, son algunas de las reformas constitucionales que se incluyen en el paquete propuesto por el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Alvarado.
También se sugiere la creación de un Tribunal de Cuentas, ante el cual responderían los funcionarios que incurran en apropiación indebida de fondos del Estado y la modificación de las normas referentes a la inmunidad de los legisladores.
"Esto es parte de un paquete de reformas que surge después de meses de consultas con todo tipo de organizaciones, nada está escrito en piedra y todo es para iniciar un gran debate nacional que debe culminar con una gran propuesta de una nueva Constitución Nacional", afirmó Mitchel Doens, asesor de Alvarado y quien formó parte del equipo que preparó el documento que consta de casi cien páginas.
Explicó que los expresidentes de la República, mantendrían inmunidad por un período de cinco años, al concluir su mandato, pues se le otorgaría una curul en la Asamblea Legislativa, desde donde aportarían su experiencia y en este período mantendrían el salario y las mismas prerrogativas que un legislador.
Sin embargo, dijo que esta norma no serviría para encubrir actos de corrupción en los que hayan incurrido los mandatarios, pues entre los cambios sugeridos está uno que propone que sea la Corte Suprema de Justicia la instancia que determinará si se levanta o no la inmunidad de los legisladores.
Se recomienda otorgar a la Asamblea Legislativa facultad legal para revisar los acuerdos que concrete el Estado con las Instituciones Financieras Internacionales (IFI"s), los cuales hasta el momento se negocian a puertas cerradas.
Señaló que estos son acuerdos que afectan a todo el país y a pesar de eso en la actualidad se negocian por dos o tres burócratas que no los divulgan, sino hasta el momento en que entran en ejecución y por eso se recomienda que sean sometidos a consideración del Organo Legislativo para su aprobación o rechazo.
Se propone también la eliminación del control previo que actualmente ejerce la Contraloría de la República y que en muchos casos entorpece y atrasa la gestión de gobierno. Se mantiene la función fiscalizadora, pero se ejercerá después de realizada la operación.
El asesor Mitchel Doens mencionó que lo se quiere es hacer de Panamá un Estado ágil, moderno y flexible en el cual la Contraloría no será la encargada de autorizar los gastos, siempre y cuando estén en el Presupuesto General del Estado, la institución del Estado o su encargado tendrían esta responsabilidad que será fiscalizada posteriormente.
Por otra parte, expresó se ha demostrado que no es necesaria la existencia de dos vicepresidentes de la República o dos suplentes de los legisladores, razón por la cual se propone la eliminación de uno de cada uno. Se sugiere también que los legisladores sean de tres tipos: nacionales, circuitales y comarcales, los cuales serían electos para períodos distintos.
La idea es que los partidos políticos aporten como legisladores nacionales a los principales líderes y figuras, quienes se encargarían de elevar el nivel a este órgano del Estado, a través de su experiencia y su capacidad. A la vez se congelaría el número de los legisladores de la República y la cifra se mantendría en la que existe actualmente.
En materia de la Corte Suprema, se cambiaría el método de elección de los magistrados, al establecer que los mismos surgirían de ternas que debe proponer la sociedad civil, de los cuales el Ejecutivo escogería uno que luego sería sometido a la ratificación de la Asamblea Legislativa. También se crearía un Tribunal de Cuentas, ente que se encargaría de procesar a todo funcionario que incurriera en actos de malversación de fondos u otras irregularidades durante su mandato.
Se recomienda también crear en el Organo Judicial, una instancia administrativa que se encargaría del manejo de la institución, a fin de permitir que los magistrados se dediquen por completo a lo referente al área judicial.
A través del paquete de propuesta que ya fue entregado al Ejecutivo y al Organo Judicial se propone la Creación de una Sala Social para ventilar temas de familia, ecológicos, laborales, los habeas data y la carrera administrativa.
También se recomienda la creación de un Tribunal Constitucional para la discusión de todos los temas referentes a la Constitución Nacional. El paquete de reformas no sugiere ningún cambio en lo que respecta al Título Constitucional del Canal de Panamá ni lo referente al salario de los magistrados, ministros, legisladores u otros funcionarios.
Se recomienda elevar a rango constitucional al Defensor del Pueblo, se mantiene que no habrá ejército nacional en Panamá, pero tampoco un ejército extranjero y se declara al país neutral. Además se recomienda incluir la constituyente como uno de los métodos para introducir reformas a la Constitución Nacional.
Doens aseguró que la intención es que se inicie un gran debate en el próximo mes de marzo a fin de que sean aprobados por la Asamblea Legislativa antes de junio cuando concluye el próximo período de sesiones ordinarias de este órgano del Estado, para luego volver a discutirlas después de septiembre y aprobarlas a más tardar el 3 de noviembre, fecha del centenario de la República.
Cumplida con la aprobación en la Asamblea Legislativa en dos períodos ordinarios continuos, se sometería a referéndum en mayo del 2004 en la misma fecha de las elecciones nacionales, pues así lo sugirió el Tribunal Electoral, ya que sólo se necesitaría incluir una papeleta extra para conocer la opinión del pueblo.
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