El gobierno de Ernesto Pérez Balladares introducirá reformas sustanciales al Código Penal, entre las que se destacan el establecimiento de la pena máxima de prisión de 30 años, y la tipificación de los delitos de acoso sexual y el aborto, entre otros.
El jurista Carlos Muñoz Pope, miembro de la Comisión redactora del documento, manifestó que el anteproyecto contempla "cambios radicales" a la fisonomía del proceso penal.
Explicó que la iniciativa legal crea los delitos de lesiones al feto, contra la reproducción y manipulación genética, societarios, y contra la hacienda pública, así como el de acoso sexual.
De igual manera dijo Muñoz Pope le da personalidad propia a los delitos de tráfico de influencias e enriquecimiento ilícito y crea el capítulo relativo a los delitos contra el medio ambiente.
Añadió que el anteproyecto de ley permite limitar la detención preventiva hasta un máximo de doce meses, impidiendo que un individuo que todavía no haya sido condenado, esté privado de su libertad por un tiempo determinado.
También propone la creación de una nueva "figura intermedia" entre el fiscal y los jueces del Organo Judicial que controlará la investigación del Ministerio Público y decidirá si hay o no enjuiciamiento.
Asimismo subrayó el jurista divide las penas en principales, sustitutas y accesorias.
En las principales ubica la reclusión, el arresto de fines de semana y días multas y como substitutas; el arresto domiciliario y el trabajo comunitario.
En las accesorias coloca las ya tradicionales, agregando la multa como tal cuando el delincuente haya obtenido un provecho económico.
Añadió además que se crea la figura del juez de ejecución y vigilancia que tiene la función eminentemente jurisdiccional y viene a reemplazar al director de Corrección con miras a humanizar los centros penitenciarios.
El anteproyecto aumenta considerablemente las sanciones contra los delitos a la propiedad, sufriendo un agravante, cuando el objeto del delito supera los 100 mil balboas.
Por otro lado, también se anunció ayer la elaboración de un anteproyecto de Código Procesal Penal, tendiente a lograr la objetividad e imparcialidad de los entes jurisdiccionales y el pleno respeto a las libertades fundamentales y los derechos humanos reconocidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales.
