La discusión de las reformas constitucionales acaparará a partir de mañana, las sesiones en el pleno de la Asamblea Legislativa, tras iniciarse el pasado jueves la discusión del Acto Reformatorio de la Constitución.
Y es que luego de las ratificaciones del director del INAFORP, Juan Planells; del director de la Caja de Seguro Social (CSS), René Luciani y la comparecencia del contralor de la República, Alvin Weeden, el tema de las reformas es lo que por ahora queda por discutir y aprobar. Será una hora con 15 minutos el tiempo que tendrá cada uno de los 78 legisladores para exponer su punto de vista, sobre las reformas y por ahora sólo han hecho uso de la palabra tres legisladores, uno de ellos Jerry Wilson, quien criticó a los sectores que se han opuesto a que sea la Asamblea la que reforme la Carta Magna.
Por otro lado, tras la ratificación del director de la CSS, René Luciani en la Asamblea Legislativa, lo que no parece quedar claro es qué pasará con los 7 mil funcionarios de esta institución, que, según Luciani, forman parte del abultamiento que hubo de la planilla en la CSS, en los últimos cinco años.
Aunque se habló inicialmente del posible despido de estos funcionarios, Luciani sostuvo que sus palabras fueron mal interpretadas y negó haber señalado que serían destituidos, sin embargo, aseguró que éstos serán puestos a prueba para determinar si su desempeño es efectivo o no. ¿Quién y cómo se determinará esa efectividad y qué garantías hay de que esa prueba no se haga por razones políticas sino por razones financieras?, es la pregunta que se hacen los funcionarios de la institución que se mantienen en estado de alerta frente a esta posición.
Otro de los temas que acaparó esta semana la atención en la Asamblea Legislativa fue la comparecencia al pleno del contralor Alvin Weeden, quien no fue esquivo al señalar a los directivos de la fundaciones privadas como los responsables de manejar de forma irregular los 70 millones de dólares donados por Taiwan al Gobierno de Panamá. Algunas preguntas quedaron en el aire, como el porqué ahora luego de finalizado el gobierno de Moscoso, el contralor Weeden responsabiliza a estas fundaciones.
Lo cierto es que sus palabras serán investigadas por el procurador.
Nos mantendremos en alerta y decidimos no aumentar el pasaje, porque nos ajustamos a la ley. El Gobierno debe cumplir con su promesa de campaña, de resolver de manera integral el problema del transporte público. Está también la anunciada nueva política de hidrocarburos, con lo cual estamos de acuerdo y la necesidad de crear fuentes alternas de energía como la hidráulica, solar y con biomasa es urgente, pero dependerá de las políticas, incentivos y facilidades a la inversión privada que el gobierno ofrezca".
"Si está dentro de las normas que respete las regulaciones existentes, vamos a revisarlo. Hay una serie de medidas que vamos a estar estudiando, que no están hechas ni se pueden, de la noche a la mañana, tomarlas. Hay mecanismos para que se dé un aumento del pasaje, al igual que para que las personas entren a prestar el servicio. Los transportistas deben comprender que que nada ni nadie está por encima de la ley, ni el propio presidente".
