La Comisión de Reformas Electorales analizará en las próximas semanas la posibilidad de incrementar el número de legisladores que integrarán la Asamblea Legislativa que debe ser escogida en las elecciones del año 2,004, informó ayer el presidente del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoffery.
Indicó que según los resultados del censo, para las elecciones del año 2,004 el número de legisladores podría aumentar a un aproximado de noventa.
Valdés Escoffery dijo que según las normas constitucionales, el número de legisladores desde las elecciones de 1994 debía haber aumentado de 67 a 90, pero entre los partidos políticos se acordó una fórmula para evitar tal aumento.
Manifestó que esa es una discusión que se debe dar en la Comisión de Reformas Electorales y que en su opinión entre los partidos políticos existe el ambiente para evitar que crezca la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, habrá que esperar los resultados oficiales del censo y en base a estas cifras oficiales hacer los cálculos correspondientes para ver en que porcentaje debe crecer la Asamblea Legislativa para luego presentarlo a la Comisión de Reformas Electorales que tendrá que tomar la decisión final. Actualmente el número de integrantes de la Asamblea Legislativa es de 71 legisladores.
Las declaraciones del magistrado se dieron ayer en la Asamblea Legislativa, durante una sesión de la Comisión de Gobierno en la cual se prohijó el proyecto de ley mediante el cual se le otorga autonomía financiera al Tribunal Electoral.
Según se dispone en el proyecto, el presupuesto del Tribunal Electoral y de la Fiscalía Electoral, excluyendo el subsidio a los partidos políticos, no será inferior a ocho décimos del uno por ciento de los ingresos corrientes del Gobierno Central.
En base a los ingresos del año anterior, el presupuesto que correspondería a ambas instituciones sería de más o menos B/.16 millones que es la cifra que solicitaron para cumplir con su labor a cabalidad.
La propuesta presentada ante la Asamblea Legislativa por el legislador demócrata cristiano, Rubén Arosemena, es parte de los acuerdos alcanzados en la Comisión de Reformas Electorales y cuenta con el aval de los partidos políticos.
Este proyecto desarrolla el artículo 136 de la Constitución Nacional que garantiza la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular, que debe ser coordinado por el Tribunal Electoral.