Al menos eso ha reflejado el sondeo efectuado por El Panamá América en dos días. La gente desconoce el contenido de las reformas a la Carta Magna y aboga porque se les difunda más para "estar al tanto".
Mientras esto es lo que siente la población, entre los círculos de expertos en derecho constitucional hay quienes las encuentran modestas y otros les dan el beneficio, al considerar que logran actualizar, de cara a un nuevo siglo, la ley suprema del Estado.
Edgardo Molino Mola, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, es de la opinión que las reformas son un avance, no obstante, consideró que para todos es conocido que "no satisfacen las expectativas que se quería".
Específicamente se refirió a cambios importantes, como reformar el método de designación de los magistrados de la Corte suprema de Justicia, que debía ser, según dijo, por concurso, seleccionando a las personas más meritorias y no a los amigos o copartidarios.
Otro fallo en su entender, es que no se estableció que el presidente jurase en su toma de posesión, combatir la corrupción, en el sentido de que se comprometiera a no utilizar los cargos públicos para nombrar a sus parientes, amigos o copartidarios en detrimento de las personas más aptas.
Agregó que a las reformas les faltó introducir un tribunal constitucional y un tribunal superior de la magistratura.
Dijo que el 20% del registro electora,l como el total de firmas para adoptar una nueva constitución por iniciativa ciudadana, es una suma exhagerada.
No obstante, para Molino Mola hay temas que son favorables dentro de las reformas, señalando entre otros: la eliminación de la inmunidad de los diputados que ahora la Corte Suprema de Justicia es la que decidirá sin autorización del Organo Legislativo; y el establecimiento de la Defensoría del Pueblo a rango constitucional, dado que anteriormente era una institución precaria que podría ser eliminada o reformada al antojo de algunos.
Por su parte, para el abogado Carlos Vásquez los cambios surgen luego de un entendimiento nacional en donde se adoptaron 57 nuevos artículos.
Consideró que para el Colegio de Abogado, el cual preside, las reformas deben conducir al fortalecimiento de la institucionalidad y el respeto al Estado de derecho, basado a que se le ha dado mayor fortaleza a instituciones como la Defensoría del Pueblo y a la Corte Suprema de Justicia, facultándo a esta última a investigar a los diputados sin requerimiento del levantamiento de la inmunidad por parte de la propia Cámara Legislativa.
Un aspecto que consideró que toda la sociedad esperaba es que ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni los procuradores de la Administración y de la Nación provengan del Organo Ejecutivo ni Legislativo; así como el que se haya establecido el método de reforma a la ley suprema del Estado por medio de una Asamblea Constituyente Paralela.
Concluyó que la Constitución es de todos los panameños y que la tarea que ahora se impone es darle una completa divulgación a las modificaciones vigentes.
A partir de estas reformas la Asamblea ya no es Legislativa sino Nacional, y los legisladores han pasado a ser diputados, es decir, se ha vuelto a la Constitución de 1946 en cuanto a los términos.
Al respecto, el ex magistrado Molino Mola señaló que el concepto de diputados es mucho más amplio, y se refiere a que puede fiscalizar las funciones de la Asamblea e intervenir en otros asuntos.
Los cambios referidos a la fecha de inicio y culminación de las dos legislaturas ordinarias de la Asamblea Nacional entrarán en vigencia el primero de julio de 2009.
Los funcionarios de elección popular electos para el periodo 2004-2009 concluirán su periodo el 30 de junio de 2009.
Los funcionarios públicos cuyos nombramientos son contemplados en las reformas y que se encuentren en funciones a la entrada en vigencia de las mismas, ejercerán sus cargos hasta cuando venza el periodo para el cual fueron nombrados.
La eliminación de los cargos de elección popular contemplados en la reforma constitucional tendrán vigencia a partir de las elecciones generales de 2009.
El Tribunal de Cuentas pasa a reemplazar a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría de la República.
(vea reformas constitucionales completas)
