Reformas podrían causar márgenes de impunidad

UNA recomendación para que se objete parcialmente el proyecto de ley que aplica reformas al Código Penal, remitió la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, ya que "algunos cambios aplicados pueden producir altos márgenes de impunidad".
En su carta al presidente Martín Torrijos, Gómez establece que algunos de los cambios introducidos pueden perjudicar investigaciones, como la adelantada por el supuesto envenenamiento de pacientes de la Caja de Seguro Social (CSS).
Gómez objeta el hecho de que en los delitos de corrupción de servidores públicos se contemplen penas de 2 a 4 años de prisión, lo que conllevaría a la aplicación de medidas sustitutivas de la detención preventiva a los sancionados, que lesionan gravemente la administración pública.
Aquí se recomienda el aumento de penas en delitos de enriquecimiento injustificado, para disuadir a potenciales infractores.
Además, cree conveniente incluir como delito lo referente a la remuneración económica sin prestar un servicio, conocido popularmente como "botellas".
Dice que en estos casos no sólo se debe incluir al servidor público que acepta el nombramiento y cobra sin prestar el servicio, si no a la persona que lo nombra.
En este punto solicita elevar a la categoría de delito el uso indebido de privilegios, entre los que se encuentran las exoneraciones, por considerar que así se evitarían actos de corrupción.
En cuanto a los delitos contra la salud pública, dice que del tipo penal contemplado en las reformas se excluyó entre las modalidades delictivas el ofrecimiento de sustancias o cosas peligrosas para la salud, la falsificación o alteración del permiso o licencia de importación o fecha de vencimiento de un producto.
Esto podría dar al traste con la investigación de la Fiscalía Superior Especial por la contaminación de medicinas de la CSS, en donde se alteró la fecha de vencimiento de la supuesta glicerina usada para elaborar los medicamentos.
Además objeta que en los delitos contra el honor, dice que constituyen delito las opiniones contra los servidores públicos, sin hacer distinción en lo relativo en que se trate o no, en el ejercicio de sus funciones.
En cuanto a la violencia doméstica sostiene que en los casos de lesiones simples, se produce una disminución de las sanciones.
Una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que se declare ilegal el mecanismo de aprobación de las reformas penales, será presentada por el panameñista Luis Eduardo Camacho.
Según Camacho, el proyecto de reformas penales, al haberse iniciado en sesiones extraordinarias, debió aprobarse en este periodo y no en las sesiones ordinarias iniciadas el pasado 1 de marzo.