Panamá es un país con una abundante legislación restrictiva de la libertad de prensa, donde aún existen disposiciones peligrosas que permiten el cierre de medios de comunicación por un gobernador, un alcalde o un corregidor en violación directa a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Lo anterior se recoge en la conclusión del informe sobre la situación de la prensa en Panamá elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), durante su última asamblea general celebrada recientemente en Lima, Perú.
La SIP advierte que a pesar que los tres gobiernos democráticos que sucedieron la dictadura prometieron la derogatoria de las leyes restrictivas de la libertad de prensa, "muy poco se ha logrado hasta la fecha".
"Las distintas comisiones nombradas por todos esos gobiernos para estudiar la situación dejaron de funcionar sin lograr consenso sobre reformas concretas", señala el citado informe de la organización de prensa del hemisferio.
Agrega que problemas tales como la idoneidad certificada por el Gobierno para ejercer el periodismo, la penalización de la calumnia y de la injuria, la obligación de revelar el origen de las informaciones y otros asuntos por el estilo, impidieron que se alcanzara un acuerdo.
El informe elogia la aprobación de la Ley 6 del 2002 sobre libre acceso a la información pública, después de presiones de organizaciones tales como Transparencia Internacional, organismos gremiales, fundaciones por los derechos humanos y medios de comunicación social.
No obstante, la SIP denuncia que el Ejecutivo dicta posteriormente un decreto que convierte en "letra muerta" la referida legislación por los "kafkianos" requisitos que establece la reglamentación.
Hay pendientes de ser resueltos por la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto reglamentario y uno contencioso-administrativo de nulidad porque un reglamento no puede contrariar a una ley ni estar por encima de ella, explica el informe de la SIP.
La organización señala que continúa el hostigamiento contra los periodistas y los medios de comunicación, por medio de querellas por delitos contra el honor, con interminables investigaciones absolutamente sesgadas, en las que se desconocen las garantías del debido proceso legal y se abusa de las declaraciones, indagatorias y otras diligencias que consumen una enorme cantidad de tiempo sin resultado alguno, cuyo único propósito es fastidiar a los periodistas.
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