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El abanderamiento panameño podría registrar, en los próximos meses, una disminución en el número de embarcaciones inscritas debido al proceso de cancelación iniciado por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) contra diez buques sancionados por Estados Unidos (EE. UU.) a raíz de sus presuntos nexos con el régimen iraní.
La flota local cuenta actualmente con 7,627 naves, cifra que se reduciría a 7,617 de concretarse la exclusión de los navíos penalizados; no obstante, podrían sumarse otras entradas y salidas como parte de la política que lleva adelante la AMP de priorizar la "calidad sobre la cantidad", cuyo objetivo es que el registro cumpla con los estándares técnicos requeridos a nivel internacional.
La entidad, luego de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionara a un bufete de abogados con sede en Panamá por presuntamente crear empresas fantasma para ocultar a los propietarios de buques encargados de transportar petróleo iraní, entre los que figuran siete naves de carga de bandera panameña, decidió depurar la flota e iniciar el procedimiento correspondiente, reiterando que no permitirá el uso indebido de la marina mercante nacional.
Dicha medida se produce después de que, a inicios del mes de octubre, fueran sancionadas otras tres embarcaciones por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) por supuestamente transportar entre 2025 y 2026 mercancía proveniente de Irán.
Se trata de los buques Bitu (IMO 9531765), al que se le acusa de movilizar 170,000 barriles de betún y asfalto; el Starway (IMO 9273246), que, según los estadounidenses, trasladó más de 3 millones de barriles de nafta; y el Mackerel (IMO 9234628), que llevó cerca de 500,000 barriles de combustóleo con alto contenido de azufre.
Estos señalamientos llevaron a la Dirección General de Marina Mercante (DGMM), con base en el Decreto Ejecutivo No. 512 del 18 de octubre de 2024, que establece las condiciones para anular el registro y la patente de una embarcación, a recomendar su cancelación.
Aunque expertos en el sector marítimo reconocen los controles que ejerce la institución sobre el registro de buques, señalan que estas medidas deben complementarse con una estrategia de valor que destaque su desempeño, competitividad y confianza ante los mercados globales.
La presidenta del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Maritza Cedeño, sostiene que Panamá posee importantes fortalezas marítimas a las que debe sacar provecho a través de un plan que articule el registro con los servicios portuarios, logísticos, financieros y jurídicos del país.
"Nuestra trayectoria marítima constituye una ventaja, pero conservarla exige una gestión capaz de anticiparse a las necesidades de los grandes armadores", dijo.
Agregó que, si bien es cierto que la depuración de la flota es crucial y necesaria, esta debe ir acompañada de esfuerzos para atraer nuevos buques de calidad al registro panameño y mantener su liderazgo internacional.
