Por segundo día consecutivo la procuradora encargada, Mercedes Araúz de Grimaldo, fustigó la vista fiscal del expediente CEMIS que envió su homólogo José Antonio Sossa al Organo Judicial, al tiempo que criticó el reglamento interno de la Asamblea Legislativa por considerarlo "un escudo de impunidad".
Araúz de Grimaldo, quien desde el pasado 6 de enero ejerce el cargo de Procuradora de la Nación, supliendo a Sossa, quien se encuentra de viaje por España, expresó que en la vista fiscal se perdió uno de los puntos principales de la investigación: la denuncia de soborno para la ratificación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. "Yo creo que ese punto había que ahondarlo, porque hay evidencias que permitían profundizar mucho más en el tema", acotó.
De hecho, en la conclusión de la vista fiscal que el procurador Sossa envió a la Corte Suprema los últimos días de 2002, expresa en múltiples ocasiones que la referida inmunidad que otorga la Constitución a los legisladores dificultó en sumo grado la investigación.
En el documento, de 180 páginas, sólo 22 de ellas son dedicadas a aspectos relacionados con la investigación por la ratificación de los actuales magistrados de la Corte, Winston Spadafora y Alberto Cigarruista.
Pese a esto, y de acuerdo con Araúz de Grimaldo, aunque las disposiciones legales de Código Judicial establecen términos para que las vistas sean remitidas al Organo Judicial, en el caso CEMIS se trata de una investigación donde podrían haber más de 50 imputados, entre legisladores y particulares.
Agregó que situación similar ocurre con el reglamento interno de la Asamblea, que habla de cuatro meses para la investigación de un legislador, pero en esa ocasión se trataban de 65 personas entre parlamentarios y particulares.
Al hacer sus señalamientos, la procuradora indicó que durante los ocho años que lleva haciendo la suplencia en el cargo, en algunas opiniones jurídicas Sossa no ha estado de acuerdo con ella y ella no ha estado de acuerdo con él.viceversa.
Este planteamiento no fue extraño para la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, quien manifestó que las diferencias en cuanto a opiniones que se producen en el Ministerio Público indican falta de unidades de acción para fortalecer la administración.
"La uniformidad tampoco es lo más conveniente. Yo creo que siempre las diferencias de opinión, los cuestionamientos, contribuyen a enriquecer la discusión sobre los temas de interés en la comunidad", consideró.
Por su parte, el arnulfista José Blandón Figueroa coincidió con Araúz de Grimaldo en que el procurador Sossa entregó en forma prematura las vistas fiscales del caso CEMIS y la investigación a los legisladores.
Indicó que Sossa debió aprovechar el período de receso en el cual los 71 legisladores no gozan de inmunidad parlamentaria para avanzar en las investigaciones que se realizan por este caso.
A juicio de Blandón, el jefe del Ministerio Público pudo haber aprovechado estos meses de receso y en el caso de que tuviera que preguntarle algo a los legisladores podría hacerlo, sin embargo, se adelantó a entregar el expediente a la Corte Suprema de Justicia.
Recalcó que en el caso que en la investigación hubiese algo que preguntar o añadir al expediente, ese era el período en el que se podía hacer.
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