El procurador José Antonio Sossa presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para el control del tráfico y posesión de precursores químicos que pueden ser utilizados para la elaboración de estupefacientes, en el que se aplican penas hasta de 15 años de prisión para quienes violen estas normas.
En su exposición de motivos, el procurador Sossa establece que el control de los precursores químicos es necesario, sobre todo, por las connotaciones que ha adquirido internacionalmente este tema, debido al gran impacto negativo del tráfico de drogas.
En cuanto a las sanciones, el proyecto señala que se aplicará una pena de ocho a 15 años de arresto si dentro de una investigación por la tenencia de precursores químicos se determina que los productos estaban destinados a la producción de estupefacientes.
También establece una pena de ocho a 10 años de cárcel a quienes sin autorización lleven a cabo la producción, fabricación, preparación e industrialización se sustancias químicas controladas y precursores químicos para la elaboración de diversas drogas.
A la vez se sancionará con seis meses a un año de prisión, a toda persona que sin autorización posea precursores o sustancias químicas controladas, pero se les excepciona de esta medida cuando la posesión sea para uso doméstico ocasional.
Por otra parte, se establece una sanción de 3 a 5 días de arresto para quienes destruyan de manera intencional documentación, reportes y precursores químicos, con la intención de desviar los productos químicos hacia área en donde se producen drogas de manera ilícita.
El documento señala que el funcionario público que en ejercicio de sus funciones reciba u obtenga información confidencial relacionada con el trasiego de precursores químicos y la diera a conocer a terceros para su propio beneficio, será penado con una sanción de tres a cinco años de prisión.
A su vez se sancionará con pena de uno a dos años a quienes con conocimiento de movimientos irregulares de este tipo de sustancias, no lo notifiquen a las autoridades.