La Organización de las Naciones Unidas (ONU) volvió ayer a la ardua tarea de definir los reglamentos y el fuero de la Corte Penal Internacional para formalizar el enjuiciamiento de criminales de guerra y a dictadores acusados de crímenes de esa humanidad.
En la sesión inaugural de la Comisión Preparatoria de la Corte, su presidente, Philippe Kirsch de Canadá, advirtió que los trabajos preparatorios están rezagados, lo que arriesga el plan de completarlos antes de fin de este año.
Sólo cinco países votaron en contra del establecimiento de la Corte Penal, entre ellos Estados Unidos y China, pero a pesar de que la iniciativa fuera aclamada como uno de los grandes logros de este siglo en la lucha contra el genocidio y en defensa de los derechos humanos, las polémicas suscitadas por juristas que temen que el concepto de la soberanía del Estado quede definitivamente erosionado, se ha traducido en objeciones legalistas en estos foros preparatorios.
Lo que está en juego no es un problema de soberanía" expresó un diplomático centroamericano. "De aquí saldrá cuestionada la inmunidad de la que gozaron nuestros dictadores para someter a nuestros pueblos a todo tipo de calamidad".
Panamá está representado por el embajador Aquilino Boyd, cuya tercera jornada frente a la representación permanente de su país ante la ONU termina el próximo mes, al culminar el período presidencial de Ernesto Pérez Balladares.
"Esta reunión durará tres semanas y el 29 de noviembre se inicia otra que deberá finalizar a mediados de diciembre", resaltó el diplomático.
"Nosotros la seguiremos en todos sus detalles para que la Cancillería tenga a mano todo su desarrollo," añadió, recordando que Panamá fue uno de los países que apoyó la creación de la Corte en la conferencia de Roma, junto a países como Argentina, Brasil y Costa Rica. En esa conferencia se designó el 30 de enero del año 2000 como fecha límite para que la conferencia preparatoria elaborara las reglas de evidencia y la definición de crímenes.
La sesión de apertura se inició con la lectura de un mensaje de aliento emitido por la Unión Europea que dijo en parte "La Unión Europea reitera que la Corte Penal Internacional hará del mundo un lugar donde se podrá vivir con más justicia y paz. Recientes atrocidades en muchos lugares del mundo resaltaron una vez más la necesidad de poner fin a la impunidad para tales horribles crímenes.
"La Unión Europea quisiera destacar el importante papel futuro de la Corte Penal Internacional, tanto en la prevención de serias violaciones de leyes humanitarias internacionales como violaciones de derechos humanos y asegurar que todos los responsables de atrocidades sean llevados a la justicia".
Pero a pesar del entusiasmo inicial que rodeó la iniciativa como un Antídoto a las luchas étnicas y las represiones de los derechos humanos, hasta el momento la Corte ha sido ratificada por sólo tres países, Senegal, Trinidad Tobago y San Marino, cuando se necesitan 60 ratificaciones para que sus estatutos entren en vigor, de los 83 que firmaron los Estatutos de Roma.
La posición de Estados Unidos ha sido singularmente ambigua, ya que el gobierno del presidente Bill Clinton inicialmente fue uno de los que más apoyó la iniciativa, para luego retroceder terminando pon un voto negativo principalmente por las presiones del Pentágono y del poderoso a la conservadora de los Republicanos que dominan el Congreso y que consideran que la corte podría prestarse al enjuiciamiento de militares estadounidenses que participaron en operaciones más o menos encubiertas como la guerra civil en Nicaragua o hasta en conflictos abiertos como el de Vietnam o de la Guerra del Golfo.
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