La Asociación Médica Nacional (AMN) manifestó abiertamente su oposición a la aprobación, por parte de la Asamblea Legislativa, del Patronato del Hospital Santo Tomás, por considerar que este proyecto "adolece de graves defectos" que podrían incurrir en la privatización "de hecho" del centro hospitalario.
El gremio médico solicita la eliminación o modificación del artículo 26, que establece que quien administre o dirija el hospital debe poseer un postgrado como requisito excluyente para ocupar el cargo.
La Asociación Médica Nacional advierte que la discusión y consulta del proyecto generará acciones de protestas entre los profesionales de la medicina.
La oposición de la Asociación Médica Nacional radica igualmente en que el problema real del Hospital Santo Tomás no obedece simplemente a su modelo de gestión, sino a la carencia crónica de recursos producto, a su criterio, de la irresponsabilidad y desidia gubernamental.
En un comunicado la asociación solicita además la eliminación de un parágrafo del artículo 27, argumentando que va en detrimento de los principios de transparencia y selección "objetiva" que debe imperar en el centro hospitalario. Agrega que tal como está, apunta a que las principales posiciones estén reservadas con nombres y apellidos.
Según el gremio, el proyecto discutido en la Asamblea Legislativa guarda estrecha relación con la norma que rige al Hospital San Miguel Arcángel, tomando en cuenta que esta iniciativa de crear el patronato cumple con las condiciones requeridas en las evaluaciones de las opciones presentadas al actual gobierno por el Banco Interamericano de Desarrollo, en su informe de octubre de 1998.
Igualmente critica la incursión de los gremios médicos en las políticas destinadas al sector salud, incluyendo cualquier propuesta de instaurar un nuevo modelo de gestión sanitaria en cualquier centro del país, pues ello crearía conflictos.
El gremio afirma que el proyecto adolece de normas específicas en el campo de los recursos humanos, donde se explica el modo de evaluar los traslados, nombramientos, incentivos, bonificaciones y reintegros, por lo que objetan los mecanismos de evaluación de los contratos del programa impulsado por el MINSA.
