El procurador general de la Nación, José Ayú Prado, reiteró la solicitud de información al Ministerio de Obras Públicas (MOP), dentro de la investigación que se lleva por el colapso de parte de la infraestructura del puente Centenario.
Ayú Prado informó que la documentación que se pidió está relacionada con planos, certificaciones y contrataciones de los trabajos que se realizaron en el tramo de acceso al puente, que se derrumbó el 8 de diciembre de 2010.
Explicó que en este proceso se está recopilando toda la información que pueda suministrar el MOP. “Para esta investigación se requerirá de la colaboración de expertos en ingeniería civil, ya que es un caso muy técnico y complejo”, dijo.
La información requerida también abarca los contratos que se realizaron con la empresa española FCC, los subcontratos, la calidad de los materiales que se utilizaron para reparar el tramo, la mano de obra, el reporte de las bitácoras y otros datos.
La investigación, que se realiza por la presunta comisión del delito contra la administración pública, se inició por una denuncia que presentó el abogado Ernesto Cedeño. Para la reparación de este tramo de la carretera que accesa al puente Centenario, se aprobó un presupuesto superior a los $30 millones.
Además de esta documentación, el procurador ya recibió información de la Presidencia de la República sobre la resolución de nombramiento del ministro de Obras Públicas, Federico Suárez; y del Registro Público donde se pidió la certificación de la empresa española FCC, que reparó el colapsado puente.
