La destitución inmediata del director encargado del Centro Penitenciario La Joyita, Iván Alexis Flores fue ordenada, luego de su arresto por una ronda policial que le encontró droga para su consumo personal.
El director del Sistema Penitenciario, Carlos Landero, informó que Flores fue detenido a la 1:30 a.m. de ayer por una ronda policial en calle 18 Santa Ana, y tras una revisión de rutina se le detectó cierta cantidad de droga, por lo que remitido a la sede policial de San Felipe.
A Flores se le adelantaba un proceso interno por haber intentado favorecer el proceso de excarcelación de un interno y haber favorecido a varios reos de alto perfil con visitas defamiliares y amigos.
También se establece que el personal a bordo tenga la capacitación adecuada para enfrentar los retos del mar.
Dentro de la delegación de la OIT también estaba Antonio Rodríguez, secretario regional de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, quien considera que uno de los objetivos de las autoridades debe ser incrementar la presencia de marinos panameños dentro de su registro.
Del total de 400 mil marinos inscritos bajo el pabellón nacional, solo 500 son panameños, lo que representa un 0, 1%, cantidad que fue calificada como ridícula por Rodríguez.
No obstante, Ernesto Ayarza, presidente de la Asociación Panameña de Oficiales de Marina, indicó que durante la formación de los marinos se les inculca una mentalidad para solo trabajar en el Canal y no para laborar en alta mar.
Añadió que ellos apoyan la aprobación del código refundido, pero temen que la burocracia haga lento este proceso.
De incrementarse la presencia de marinos panameños no solo se reduciría el desempleo en el país, sino que estos trabajadores cotizarían en la Caja del Seguro Social, lo que no pasa en la actualidad.
Luego de la reunión de ayer se acordó poner en marcha este mismo mes un plan de acción para revisar la legislación panameña, y así adecuarla al nuevo convenio.
La revisión se centrará en los aspectos administrativos, legales y de operación.
Aunque la OIT dio un plazo de un año para revisar la legislación nacional, miembros de este organismo internacional regresarán a Panamá en nueve meses para comprobar cuánto se ha avanzado.
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